AYUSO MIENTE SISTEMATICAMENTE
La banalización del delito fiscal o cómo Ayuso miente en defensa de su novio
La presidenta madrileña confunde el fraude con pena de prisión que admite su pareja con el pago de un impuesto fuera de plazo
El periodista Alsina afirmó en varias ocasiones que la versión que estaba dando Ayuso sobre el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, no se corresponde con la verdad. Era una manera elegante de decirlo y la primera vez que la presidenta madrileña podía oírlo en palabras de un entrevistador.
Ayuso lleva 13 meses huyendo de una verdad incómoda que amenaza su puesto de trabajo: el supuesto doble fraude fiscal de la pareja con la que convive. La presidenta eligió todo este tiempo una estrategia de defensa basada en difundir falsedades que coló sin dificultad en medios donde podía encadenar bulos sin peligro a ser desmentida en directo. Hasta ayer.
Los hechos importan y son los que siguen.
El comisionista González Amador ganó dos millones de euros en 2020 por una operación de intermediación en la compraventa de mascarillas. Su empresa, Maswell Cremona, presentó en junio de 2021 la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 incluyendo una factura falsa con gastos inexistentes de 620.000 euros para ahorrarse mediante esa deducción hasta 155.000 euros en impuestos. Sólo un mes después de que la Agencia Tributaria le abriera una inspección ante esa declaración sospechosa de fraude (mayo de 2022), González Amador volvió a hacer lo mismo en la declaración del siguiente ejercicio para ahorrarse 195.000 euros en impuestos. Lo hizo de nuevo incluyendo más facturas falsas e involucrando a más empresarios en un nuevo supuesto fraude. Declaró gastos inexistentes por más de un millón de euros: una factura de 927.000 euros por una operación fallida en Costa de Marfil, y otra decena de facturas por 178.000 euros con varios empresarios andaluces. Estos hechos están acreditados en el expediente tributario abierto en Hacienda y admitidos casi en su totalidad por la pareja de Ayuso quien, en un intento de reparar el daño y evitar el juicio, propuso a través de su representante ante Hacienda pagar todo lo defraudado en la declaración del impuesto de sociedades presentada en 2023. Su asesora fiscal se lo desaconsejó, según acreditan las actas de la Agencia Tributaria, con el argumento de que ni se podía ni se debía hacer.
AYUSO DEBE DE SABER QUE LA INSPECCIÓN FISCAL NO ESTA AL SERVICIO DEL GOBIERNO. SON FUNCIONARIOS PUBLICOS AJENOS AL GOBIERNO PERO ELLA QUE LO MONOPOLIZA TODO PIENSA QUE TODO EN LA VIDA ES A SU IMAGEN Y SEMEJANZA

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