¿Consultó Miguel Ángel Rodríguez los registros de familiares de residencias? Si lo hizo, es ilegal
El jefe de gabinete de Ayuso realizó algún tipo de comprobación sobre las personas que salieron en ‘Lo de Évole’, pero él niega haber entrado a bases de datos. Siete juristas coinciden en que ese acceso quebrantaría la ley
Los tuits de Miguel Ángel Rodríguez sobre cinco hijos que perdieron a sus padres en residencias durante la covid han sido tachados de “lamentables”, “inadmisibles” o faltos de “empatía”, y también han suscitado la pregunta de si el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso infringió la Ley de Protección de Datos. Rodríguez dio a entender el domingo por la noche que hizo averiguaciones sobre los familiares que aparecieron en un episodio sobre el aniversario de la pandemia del programa de televisión Lo de Évole. Estas palabras, escritas por el cargo de máxima confianza de la presidenta, evocan en la mente de las asociaciones de familiares a un Gran Hermano que espía a los ciudadanos. Las organizaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias se preguntaron el lunes en un comunicado si el jefe de gabinete accedió a datos personales y advirtieron de que “esa actuación de Rodríguez sería propia de un Estado dictatorial”. En efecto, siete juristas consultados coinciden en que, de haberse producido un acceso a registros públicos, Rodríguez y sus hipotéticos cooperantes habrían violado la ley.
Rodríguez ha publicado tres tuits sobre este asunto. Los dos primeros son del domingo por la noche, cuando se emitió el programa. Primero dijo que iba a verificar si decían la verdad y si visitaban a sus padres cuando estaban vivos. Luego añadió que había “comprobado que la primera señora” no tenía a su madre en una residencia de la Comunidad de Madrid. El lunes por la mañana añadió un tercer tuit en el que reconocía que esa mujer sí era hija de una fallecida y pedía disculpas. Según las asociaciones de familiares, la mujer era hija de una residente fallecida en Getafe.
No queda claro por los tuits qué tipo de comprobación hizo Rodríguez, ni tampoco si recurrió a terceras personas. Preguntado sobre si había accedido a datos personales, Rodríguez ha respondido este martes, antes de un acto en la Puerta del Sol, repitiendo un monosílabo: “No. No”.
La Consejería de Asuntos Sociales, responsable de la supervisión del sector de residencias, no ha contestado a una pregunta de EL PAÍS sobre si existen bases de datos específicas en las que se pueda comprobar las visitas a un residente o la identidad de sus familiares. Sobre esta duda, una asociación de familias en Madrid, Pladigmare, apunta que no todas las residencias tienen libros de visitas. Además, lo usual es que las residencias solo dispongan del contacto de uno o dos “familiares de referencia”.
De haberse producido alguna consulta a una base de datos pública, se habría vulnerado la Ley de Protección de Datos, advierten siete juristas especializados en protección de la privacidad y consultados por este periódico. La razón, señalan, es que en cualquier organización, ya sea pública o privada, los datos personales deben estar compartimentados, de modo que solo tengan acceso a ellos las personas que trabajan con ellos.
“El CEO de una compañía no puede acceder a todo”, dice Jeimy Poveda, directora de la consultoría Dataseg. “Se recogen solo los datos estrictamente necesarios, solo se usan para el fin que justificó la recogida y solo se da acceso informático a un mínimo de personas”.
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