LAS "X" DE LA KITCHEN SE QUEDAN SIN SENTARSE EN EL BANQUILLO
La decisión de la Audiencia Nacional de salvar del juicio a María Dolores de Cospedal y no investigar a Rajoy ha obligado a Anticorrupción a circunscribir a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 el plan de destruir pruebas perjudiciales para el PP, pero con un mensaje adherido: “Sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias”.
El fiscal Miguel Serrano ya dejó otra afirmación, de las más duras que se ha hecho contra un juez de la Audiencia Nacional, que ayuda a entender la anterior. Era septiembre de 2021 y el fiscal recurría el archivo de la causa para Cospedal. Al referirse a la“conexión política” de la operación Kitchen, Anticorrupción afirmaba: “Hay una rotunda negativa [del juez Manuel García Castellón] a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.
Han pasado 25 años desde que el fiscal José María Luzón –padre del actual jefe de Anticorrupción– solicitara 23 años de cárcel para otro ministro del Interior, José Barrionuevo, también por malversación. Ahora, Jorge Fernández Díaz se enfrenta a 15 años. También está acusado de malversación, pero la diferencia es que la acusación contra el socialista iba acompañada de otros delitos más graves relacionados con el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La relación entre uno y otro caso figura en el apartado de las ausencias: ¿Actuaron los ministros del Interior a espaldas de sus superiores, en Moncloa o en el partido?
Jorge Fernández Díaz pertenecía en aquella primera legislatura al núcleo duro del presidente Rajoy. El juez García Castellón hizo un amago de investigar la posible relación entre el comisario José Manuel Villarejo y el presidente del Gobierno a través de un número de móvil que facilitó el policía, pero pronto desistió. De nada sirvió que Villarejo y el comisario García Castaño aseguraran que Rajoy era puntualmente informado a través del Ejecutivo de Atresmedia Mauricio Casals. Tampoco que Asuntos Internos identificara en sus informes a El Barbas o El Asturiano como Mariano Rajoy, alguien conocedor de la operación, según decía en las grabaciones Villarejo y ratificaban sus interlocutores.
Más indicios y más contundentes se acumularon contra María Dolores de Cospedal. Aparecen en su relación con Villarejo, que se remonta a los inicios del caso Gürtel y a sus reuniones secretas en la planta séptima de Génova, muy cerca del despacho de Rajoy. Allí, en 2009, acordó con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, encargar “trabajos puntuales” al policía acusado de liderar una organización criminal mientras estaba en activo, según la grabación publicada.
Después, en pleno estallido del escándalo de la caja B, advirtió al comisario de su deseo de “parar la libretita”, en relación a los papeles de Bárcenas, la principal prueba de la financiación irregular de los conservadores durante dos décadas, según la grabación publicada por El País en mayo de 2022.
La relación de la responsable política y el comisario se enmarcaba, sin embargo, en los usos “sociales”, según García Castellón. Las anotaciones en la agenda del policía, que incluían pagos y demandas de atrasos a la secretaria general, terminan de apuntalar el relato de la participación de Cospedal en una operación en la que le iba mucho: Rajoy y ella misma aparecen como perceptores de dinero negro de la caja en los papeles de Bárcenas, “la libretita”.
Pero este viernes, la Sala de lo Penal se alineaba con García Castellón y rechazaba los recursos que PSOE y Podemos habían presentado contra la decisión del juez instructor de volver a imputar a Cospedal, a los que se había adherido Anticorrupción, de acuerdo a los nuevos audios publicados. Tampoco ha servido para que, sumado al resto de indicios, García Castellón primero, y la Sala de los Penal después, decidieran volver a imputar a la ex secretaria general del PP.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, conocido también este viernes, la operación Kitchen tuvo “como finalidad evitar que todo ese material, incriminatorio para el PP, y los dirigentes que pudieran resultar investigados, fuera formalmente aportado” al juzgado que investigaba la caja B. El relato impuesto por la Audiencia Nacional añade que nadie por encima de Jorge Fernández Díaz supo de la operación, que el ministro no recibió órdenes de nadie, que ningún otro servicio de Información distinto al de la Policía estuvo al tanto de la misma.
De poco servirá todo lo actuado sin que las cabezas ¿Cospedal, M. Rajoy" sean juzgadas. No puede haber connivencia más canalla que la que adjudica las responsabilidades a los 'segundo o terceros' y deja exentos de culpas a los superiores en el mando y responsabilidad.
En la guerras mueren pocos generales y mucha tropa.
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