Un respeto, Señoría
Los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas
En 2024 se estrenó Justicia artificial, una película que jugaba con la premisa de que los jueces españoles fueran sustituidos por una IA. El director, Simón Casal, ya había hecho un documental del mismo título en 2022, en el que un grupo de jueces, filósofos, investigadores y expertos en inteligencia artificial analizaban los pros y contras de esta idea que, hoy y visto lo visto, me parece graciosísima. Es como elegir entre susto o muerte. Es posible que no todas las IA sean como PHASEONE10841, el nombre del agente que inició la insurrección para salir de los servidores en OpenAI y hackear inesperada e ilegalmente otra empresa de IA, Hugging Face, después de intentar cubrir su rastro y borrar las pistas.
También es posible que la mayoría de las jueces no sean como algunos de los que se sientan en el Tribunal Supremo, que este mes ha decidido implantar, por vía cautelar, el voto censitario y acabar con la tontería de que todos los españoles, vivan en España o en Tegucigalpa, tengan derecho a votar en las elecciones generales. Que lo diga la Constitución es un asunto menor. ¡Orden en la Sala, esto es, en España! Si hay que contribuir a extender la sospecha sobre la limpieza de las elecciones desde un estrado, se hace y punto en boca. No han sido una excepción los jueces del Supremo porque estos días se han acumulado resoluciones curiosas, como el archivo de la investigación a la Casa de Alba por abrir pozos ilegales en Doñana, porque no está probado que extraer agua ilegalmente de un parque nacional protegido dañe el medio ambiente. Nueve pozos ilegales, de los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal, que generaron un beneficio ilegal de cinco millones de euros, y aquí no ha pasado nada. O la sentencia que confirma la absolución de Pilar Baselga, esa mujer tan equilibrada que se hartó de llamar “Begoño” y narcotraficante a Begoña Gómez ante cualquiera que quisiera escucharla. ¿Por qué esto no es un delito contra el honor? Porque una persona pública debe aceptar un nivel de crítica más alto que el común de los mortales: la difamación y atribución de delitos es, según los tribunales, simple crítica un poco salida de tono. ¿Significa eso que se puede insultar impunemente al juez Marchena, por ejemplo? No lo intenten en su casa.
La judicatura pontifica sobre la separación de poderes y los equilibrios y contrapesos, pero la realidad es que el desequilibrio entre el poder judicial y el poder legislativo, a favor del judicial y en contra del legislativo de determinadas opciones políticas, se hace cada día más evidente. El politólogo Ran Hirschl lo llamó juristocracia, cuando los jueces toman decisiones que corresponderían a la acción política, impidiendo o modificando decisiones legislativas o ejecutivas legítimas de gobiernos elegidos democráticamente. Ahora mismo hay que recordar a los ciudadanos que los jueces están para resolver conflictos de los ciudadanos, de acuerdo a las leyes, y que todos los poderes del Estado, también el judicial, emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. Es inaudito que hayamos normalizado que los acuerdos sustentados en mayorías políticas no puedan aplicarse porque así lo imponen un puñado de jueces que no rinden cuentas a nadie, como demuestra el nulo impacto que tienen las reconvenciones de los tribunales europeos. El mantra de que “los jueces elijan a los jueces” supone un último intento de un poder del Estado de desvincularse de la soberanía popular.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pedía respeto a los jueces en la apertura del año judicial pero olvidó decir que los jueces también deben respetar a los ciudadanos y sus representantes, y respetar las transformaciones políticas que los españoles demandan y consensúan, aunque no estén de acuerdo con ellas. Más que las críticas, legítimas y libres, debería preocuparles por qué se ha desmoronado su imagen y su apariencia de imparcialidad y neutralidad. Es evidente que la mayoría de los jueces ejercen su labor de acuerdo a estos valores, pero no queda claro a los ciudadanos, y así lo dicen las encuestas, que todos lo hagan. Si se critica a los políticos por politizar la justicia, ha de hacerse lo mismo con los jueces por judicializar la política.
Los ciudadanos tienen derecho a plantear a través de sus representantes modificaciones de leyes: lo que ayer era ilegal puede ser hoy legal y al contrario. Los jueces no deben interferir en esa voluntad popular más que en su condición de ciudadanos españoles con derecho a voto y en su labor institucional de garantes del respeto a la Constitución y leyes y derechos fundamentales. Su intromisión en la “ley de nietos” supera, con mucho sus funciones, y supone, de hecho, privar del voto a españoles de pleno derecho. Del mismo modo, los sesgos de algunos jueces en procesos mediáticos, convierten algunas instrucciones y juicios en persecuciones políticas. La clave es el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y eso difícilmente se consigue si uno de los poderes invade y coloniza atribuciones del otro e impide a los ciudadanos hacer realidad las transformaciones políticas, siempre respetuosas con las leyes y derechos fundamentales, que en su día votaron en las urnas.
FEIJÓO TU COMO FRANCO, EL PODER A TODA COSTA , INCLUIDA LA DEMOCRACIA
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