El Defensor del Pueblo acusa a la Iglesia de proteger los abusos sexuales y propone un fondo de indemnización
Su informe estima unas 440.000 víctimas de pederastia "en el ámbito religioso" e insta a ampliar la prevención y el reparo
Tarde pero con todo. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes al Congreso de los Diputados el informe que ha elaborado este órgano sobre las denuncias por abusos sexuales infantiles en la Iglesia católica, una investigación que ha durado un año y medio y que da cuenta del encargo del Parlamento en marzo de 2022. Un documento que, tras muchas entrevistas y encuestas, refleja que unas 440.000 personas han sido víctimas de pederastia "en el ámbito religioso", denuncia que la propia institución religiosa ha protegido a los abusadores e insta a ampliar la prevención pero también a llevar a cabo ya un reparo para aquellos que han sufrido estos delitos siendo menores de 18 años. Es por ello que proponen, entre otras cosas, un fondo estatal de indemnización "en cooperación con la Iglesia o subsidiario a su responsabilidad".
Informe sobre pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo
El 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas, ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una extrapolación de la encuesta a gran escala que ha realizado el Defensor del Pueblo de la mano de GAD3 con una muestra de más de 8.000 personas. Una cifra heladora que se suman a las casi 500 denuncias oficiales que ha registrado esta organización y los 720 casos reconocidos por la Conferencia Episcopal. Del total, un 0,6% de entrevistados dicen haber sido abusados directamente a manos de sacerdotes o religiosos, y el resto, de personas relacionadas con estas instituciones. El estudio indica que ese porcentaje es "una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países", pero el sondeo revela que un 11,7% de las entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar.
Así lo ha explicado este viernes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilongo, en una rueda de prensa este viernes tras hacer entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de un informe elaborado por este organismo a través de una Unidad de Atención a las Víctimas para "para dar luz" a lo ocurrido durante décadas en la iglesia católica de nuestro país. Un documento "no sesgado, ni ideológicamente ni de ningún otro sentido" y que ha contado con "las experiencias de las víctimas", que han sido entrevistadas "minuciosamente", algunas incluso durante días, para explicar sus experiencias y posiciones sobre los abusos sufridos. Pero también se ha contado con obispos, escuelas o representantes eclesiásticos para analizar y evidenciar la repercusión de estos delitos.
Más de 440.000 víctimas de abusos sexuales
"Es un informe que no pretende ofrecer ni dictar lo que ha de hacerse, sino otorgar dos marcos con conclusiones y recomendaciones para la adopción de decisiones", ha dicho Gabilondo, que ha defendido que "el defensor del pueblo no es juez, no es legislador y no es la administración". Sin embargo, el representante de este órgano a raíz de los testimonios de las más de 400 víctimas directas y una encuesta a pie de calle "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de las personas". Víctimas "devastadas por los abusos de la iglesia católica, de la que cabe esperar ejemplaridad y singular capacidad de afrontar la situación". Y es que el informe acusa directamente a la Iglesia de ocultar durante años los abusos así como responder de forma "insuficiente, dilatoria y de modo poco adecuado".
Y es que señalan que los procedimientos de derecho canónico muestran un importante déficit en el derecho de las víctimas, quienes "no son parte del proceso ni su voz tiene el lugar que precisa y merece". De hecho, Gabilondo ha hablado de "un silenciamiento, el secreto y la indefensión" de las víctimas en el marco normativo. "Durante años ha predominado cierta voluntad de negación, de protección de los abusadores, trasladando personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, e incluso otros países", lo que ha tildado de "mala práctica" ocurrida "de modo recurrente" y que "no permitía responder al problema". Sin embargo, sí ha destacado la "reciente" voluntad expresada por algunos obispados y congregaciones a "asumir el problema". "Esto podría abrir nuevas perspectivas y eso esperamos", ha sostenido.
Un fondo estatal para indemnizaciones
"Esta obligación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católico, o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma", ha dicho, especialmente por la tibia respuesta del entorno eclesiástico. Pero también ha instado a establecer más medidas que acompañen a la prevención y reparo, como la apertura de los archivos por parte de la Iglesia. "Deben hacer un esfuerzo para abrir sus archivos. Se nos dice una y otra vez que no hay mucha cosa. Sería interesante que la Iglesia mirara sus archivos y los pusiera a disposición de quien está investigando. Un asunto del Concordato señala que los archivos de la Iglesia son privados, y que por tanto no pueden ser abiertos por una instancia distinta de la Iglesia, pero la Iglesia sí puede verlos", ha explicado.
"Colaboración" dispar en el seno de la Iglesia
Unas contundentes palabras que ha pronunciado después de reconocer que se ha llegado "tarde" a la elaboración de este informe en comparación con otros países pero "no se podía postergar mucho más", preguntado por la rapidez en su redacción en tan solo 15 meses. "Hay un cambio de actitud en la Iglesia, y confío en eso, para estar totalmente abierta a que esto se afronte entera. Porque las víctimas no pueden esperar más", ha afirmado. Y después de apuntar a la "colaboración dispar" en el seno de la Iglesia, que "no ha participado, pero sí ha colaborado". "Hemos escrito a todos los obispos, nos han contestado algunos. No todos, algún obispo nos ha reñido, no solo no nos ha contestado sino que nos ha dicho, ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien", ha sentenciado.
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