REPRESIÓN ECONÓMICA DEL FRANQUISMO

ESCLAVOS DEL FRANQUISMO

La represión del franquismo no fue solo política, tuvo un gran componente económico.

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N. Se quieren olvidar los campos de trabajo <<de esclavitud>> que se instalaron por toda la geografía nacional.  El Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina  a la <<zona roja>>. entonces no se tenía el dinero en los Bancos. El que vendía el ganado lo cobraba en billetes que luego no le sirvieron para nada.

La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Fue clave para la represión económica. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios. Por esta Ley se expoliaron hasta los enseres de cocina, además de las viviendas.

Todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.

Los bienes incautados se los repartían los vencedores. Los falangistas fueron los más beneficiados del saqueo general. Se quemaron títulos de propiedad para adjudicarlos  a los vencedores con el concurso de dos testigos. A ver quien decía lo contrario si previamente habían fusilado a los propietarios  legítimos.

Estos crímenes son los que quiere Pablo Casado del PP que se olviden. 

LA HISTORIA NUNCA DE DEBE OLVIDAR. PARA QUE NO SE REPITA.