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Expertos en derecho internacional sostienen que el uso de este tipo de munición a pesar de la presencia conocida de civiles desprotegidos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fue casi con toda seguridad ilegal y puede constituir un crimen de guerra.
Los fragmentos del arma de las ruinas del café de Al Baqa fotografiados por The Guardian han sido identificados por expertos en artillería como partes de una bomba MK-82 de 230 kg de uso general, un elemento básico de fabricación estadounidense en muchas campañas de bombardeo de las últimas décadas.
El gran cráter que dejó la explosión fue una prueba más del uso de una bomba grande y potente como la MK-82, según dos expertos en artillería.
Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijo que el ataque contra la cafetería estaba siendo revisado y que “antes del ataque se tomaron medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles utilizando vigilancia aérea”.
Funcionarios médicos y de otros ámbitos dijeron que entre 24 y 36 palestinos murieron en el ataque a la cafetería y decenas más resultaron heridos. Entre los muertos había un conocido cineasta y un artista, un ama de casa de 35 años y un niño de cuatro. Entre los heridos había un niño de 14 años y una niña de 12.
Según el derecho internacional basado en las convenciones de Ginebra, una fuerza militar tiene prohibido lanzar ataques que causen “pérdidas fortuitas de vidas civiles” que sean “excesivas o desproporcionadas” con respecto a la ventaja militar que se pretende obtener.
Lo que se considera aceptable está abierto a interpretación, pero los expertos afirmaron que sólo un objetivo cuya eliminación pudiera tener un impacto muy significativo en el curso de un conflicto podría justificar la muerte de decenas de civiles.
La cafetería tenía dos plantas —una superior abierta y una inferior con amplios ventanales a la playa y el mar— y accesos claramente visibles desde arriba.
Gerry Simpson, de Human Rights Watch, declaró: “El ejército israelí no ha dicho exactamente contra quién iba dirigido el ataque, pero ha afirmado que utilizó la vigilancia aérea para minimizar las víctimas civiles, lo que significa que sabía que la cafetería estaba repleta de clientes en ese momento.
“Los militares también habrían sabido que el uso de una gran bomba guiada lanzada desde el aire mataría y mutilaría a muchos de los civiles que allí se encontraban. El uso de un arma tan grande en una cafetería evidentemente abarrotada de gente entraña el riesgo de que se tratara de un ataque ilegal desproporcionado o indiscriminado y debe investigarse como crimen de guerra”, sostiene Simpson.
El Doctor Andrew Forde, profesor adjunto de Derechos Humanos en la Dublin City University, señala que el ataque es espantoso. “Cuando se produce una situación en la que se utiliza munición pesada, especialmente en un espacio civil abarrotado, incluso con la mejor puntería del mundo, se produce necesariamente un resultado indiscriminado que no cumple los Convenios de Ginebra”, afirma.
La cafetería familiar Al Baqa se fundó hace casi 40 años y era muy conocida como lugar de recreo para jóvenes y familias de la ciudad de Gaza. Servía una pequeña selección de refrescos, té y galletas.
Aunque la inmensa mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza padece una desnutrición cada vez mayor y una amenaza constante de hambruna, algunos tienen ahorros o sueldos que les permiten frecuentar los pocos cafés que quedan.
La zona portuaria donde se encontraba la cafetería Al Baqa no estaba cubierta por ninguna de las órdenes de evacuación emitidas por las IDF para advertir de la inminencia de operaciones militares.
Marc Schack, profesor asociado de Derecho Internacional en la Universidad de Copenhague, dice: “Es casi imposible ver cómo puede justificarse el uso de ese tipo de munición. Si se habla de 20, 30, 40 o más víctimas civiles, normalmente tendría que tratarse de un objetivo de gran importancia... Para las fuerzas de la coalición en Afganistán e Irak, la cifra aceptada para un objetivo de muy alto nivel era de menos de 30 civiles muertos y sólo entonces en circunstancias excepcionales”.
Trevor Ball, investigador de armamento y antiguo técnico de desactivación de explosivos del ejército estadounidense, identifica una sección de cola Jdam y una batería térmica que, según él, sugieren que se había lanzado una bomba MPR500 o MK-82.
Otro experto con amplia experiencia en conflictos recientes identifica la bomba de forma similar. Un tercero dice que no puede hacer una evaluación fiable a partir de las imágenes que se le habían presentado.
Israel dispone de una amplia gama de municiones y ha utilizado con frecuencia armas mucho más pequeñas para realizar ataques de precisión contra individuos en Gaza, Líbano y en su reciente ofensiva aérea en Irán.
Las FDI afirmaron en un extenso comunicado a principios de este año que incluso las medidas más sofisticadas empleadas para evaluar los daños a civiles casi nunca son perfectas y que su elección de municiones es “una cuestión profesional que depende de la naturaleza del objetivo del ataque”.
ISRAEL ASESINA
La designación de Ester Muñoz como próxima y nueva a portavoz del Partido Popular en el Congreso ha reavivado la polémica por unas declaraciones suyas de 2019 que siguen levantando ampollas. En aquel entonces, Muñoz, recién llegada al Senado, cargó duramente contra los fondos destinados a políticas de memoria histórica, lanzando una frase que aún hoy resuena: "¡15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar los salarios de jueces y fiscales!"
Sus palabras, pronunciadas en el pleno de la Cámara Alta durante el debate presupuestario, fueron consideradas una afrenta a las víctimas del franquismo y provocaron una bronca parlamentaria. Senadores del PSOE respondieron con gritos de “¡fuera!” y “¡a la calle!”, mientras la entonces senadora popular insistía en su acusación: “Hasta en eso son unos incompetentes”.
Más tarde, y ante la avalancha de críticas, Muñoz trató de matizar sus palabras alegando que con “unos huesos” se refería exclusivamente a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y no a las miles de personas que aún permanecen en fosas comunes y cunetas por todo el país. Nadie la creyó porque los 15 millones de euros a los que aludía no estaban destinados solo a esa operación, sino a un plan estatal de exhumaciones impulsado por el Gobierno de entonces para recuperar los restos de los represaliados del franquismo.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, calificó el discurso de “absolutamente indigno” y reprochó a Muñoz su desprecio hacia las políticas de memoria democrática: “Estamos hablando de algo que usted no va a entender nunca, que es la memoria democrática en valores y principios”, dijo desde la tribuna.
La controversia también generó respuesta en la sociedad civil. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo, acusando a Muñoz de emitir un “trato vejatorio hacia las víctimas de la dictadura franquista” y de incurrir en “una enorme falta de respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, el portavoz socialista en el Senado en aquel momento, Ander Gil, comparó la situación con lo que supondría escuchar palabras similares en el Parlamento alemán sobre las víctimas del Holocausto, y denunció que la senadora se refiriese “de manera despectiva a los miles de españoles que dieron su vida por defender la democracia”.
Ahora, con su inminente nombramiento como portavoz del PP en el Congreso, la hemeroteca y la memoria –también la democrática– vuelven a colocar en el foco a una dirigente que, con apenas 40 años, representa a una nueva generación de populares cuya relación con el pasado reciente de España sigue siendo motivo de controversia por su casposidad y cercanía a posiciones ultraderechistas más que a la apertura política de la derecha democrática europea. Y del nombramiento de Miguel Tellado como secretario general ¡ni hablamos!: tal para cual.
LA NUEVA GENERACIÓN DEL PP SON MÁS FACHAS QUE LO PADRES.
Son solo una muestra de la realidad, el dinero no tiene nombre y es adictivo.
La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.
El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.
Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.
A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.
El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.
Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.
La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.
El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.
ESTO ES PARA EL APERITIVO, LOS PLATOS FUERTES ESTÁN POR LLEGAR, SE TOMAN EN FRIO
