EL ARBOL ENVENENADO
El histórico auto del juez José Luis Calama, la primera imputación de un expresidente del Gobierno, se apoya en gran medida en esas conversaciones sobre “nuestro pana Zapatero” y el rescate de Plus Ultra que salieron del móvil de Reyes. Ahora hay un problema: no está claro que esa prueba sea legal en España. Y si cae esa pieza, buena parte del caso Zapatero podría venirse abajo.
Todo lo que rodea al móvil de Rodolfo Reyes es extraño, por tres motivos.
El primero, por las fechas. EEUU envió esos datos a la UDEF el 18 de marzo de 2026: con casi cinco años de retraso y en pleno conflicto de Donald Trump contra Pedro Sánchez por el ‘no’ de España a la guerra de Irán.
Fuentes de la investigación argumentan que esa fecha se debe a que, pocos días antes, el 6 de marzo, la justicia española reactivó la orden de busca y captura contra Rodolfo Reyes. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol, y por eso el personal del Homeland Security en la embajada de Estados Unidos en Madrid envió a la UDEF esa copia del móvil.
Sin embargo, hay algo que no cuadra en esa explicación. Rodolfo Reyes está en busca y captura desde hace más de dos años: desde febrero de 2024. La orden de detención internacional en Interpol está en vigor desde entonces. ¿Por qué el Homeland Security se acordó ahora de que tenía su teléfono y en 2024 no?
La segunda anomalía está en el sumario. O más bien es un agujero en él, como ha denunciado el abogado de Zapatero. Allí no aparecen los mensajes completos del móvil de Rodolfo Reyes; tampoco la documentación exacta que EEUU mandó a la policía. Solo están en el sumario los fragmentos recogidos en los informes policiales, donde la UDEF cita aquellos que considera más relevantes. Esto no debería ser así: todas las partes en un proceso penal tienen que tener acceso íntegro a las pruebas. También los abogados defensores. En este caso, para poder comprobar si en ese chat aparecen otros mensajes exculpatorios, o para revisar si el recorte de las conversaciones que ha hecho la policía no está sesgado.
La tercera anomalía es el propio auto que firmó el juez Calama esta semana. Envía a Estados Unidos –así, en abstracto, no a ningún órgano judicial en concreto– una comisión rogatoria para que le autorice a utilizar el volcado de ese teléfono en este proceso penal.
Es algo inédito, porque el orden suele ser al revés: primero se piden las pruebas por comisión rogatoria, después se usan. Y aquí Calama ha puesto la carreta por delante de los bueyes. El juez está pidiendo permiso para usar judicialmente unas pruebas que ya ha utilizado en su auto, y de las que desconocemos lo más básico: su legalidad, la trazabilidad, qué garantías hay de que no han sido manipuladas o de que cumplen con el derecho español.
Para complicarlo aún más, en el informe 1908/26 de la UDEF donde se cuenta el origen de esta copia del teléfono de Reyes, la policía dice lo siguiente: “El HSI [Homeland Security Investigations] obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España”.
Si realmente el HSI ya obtuvo “las autorizaciones necesarias” para su “uso en un proceso judicial en España”, ¿por qué vuelve a pedirlas el juez? ¿Y por qué no están esas autorizaciones en el sumario?
El problema es que el Homeland Security Investigations no es un órgano judicial. Es un departamento que depende del ICE, la policía aduanera que ahora usa Donald Trump para perseguir a los inmigrantes. Y esta es una de las claves de esta historia. ¿Quién ordenó clonar el teléfono de Rodolfo Reyes? ¿Fue una decisión policial? ¿O lo autorizó algún juez de ese país?
Sí sabemos que la policía de aduanas estadounidense tiene la facultad legal de revisar o incluso copiar los dispositivos electrónicos de cualquier persona que pase por la frontera, sin orden judicial. Y es algo que el ICE hace mucho: solo en 2025, revisaron los teléfonos de 55.318 personas. Y a 4.396 de ellas, les copiaron íntegramente su teléfono, como hicieron con Rodolfo Reyes. Es algo que pasa a diario en los aeropuertos de EEUU. Sin que lo revise ningún juez.
En España algo así es impensable. Sería completamente ilegal. El secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional y no hay excepciones en la frontera. La policía solo puede revisar el teléfono de alguien con una orden judicial. Y aunque esta copia del móvil de Reyes sea legal en EEUU, no está tan claro que pueda ser una prueba válida ante la Audiencia Nacional.
¿Y qué pasa si una prueba clave es ilegal bajo las garantías y derechos de la Justicia española?
En derecho la llaman la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una metáfora bastante clara: todo lo que vaya después de una prueba ilegal es también ilegal; si el árbol está envenenado, la fruta también lo está. Si la prueba que sirvió para imputar a Zapatero o registrar su despacho es nula, todo lo que vino después en esta causa judicial también se debe anular.
EL DAÑO YA ESTÁ HECHO, QUE ES LO QUE SE PRETENDIÁ
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