martes, 31 de octubre de 2023

¿QUÉ LE DEBEMOS A LOS BORBONES?


LA LEONORMANÍA Y LA BABA NOS INVADE

 La Segunda República (1931) llegó como resultado del rechazo generalizado a un monarca que había enviado a sus soldados al matadero de Marruecos en defensa de intereses espurios, había amparado el golpe de estado del general Primo de Rivera para eludir la exigencia parlamentaria de responsabilidades y había aceptado la suspensión de la constitución de 1876, la propia base jurídica del régimen de la Restauración. 

Las dos Repúblicas tuvieron en su origen un código genético inequívocamente democrático. No se puede decir otro tanto de la dinastía borbónica. Llegó a España tras una guerra exterior, pero también civil, la de Sucesión (1701-1715), sustanciada con la abrogación por Felipe V de los regímenes forales de parte de sus territorios. Carlos IV y Fernando VII enajenaron la soberanía a beneficio de Napoleón en 1808. En 1814, el rey felón suprimió las Cortes y suprimió la Constitución de Cádiz, y en 1823 apeló a un ejército extranjero para que le restituyese su poder absoluto. En 1874, la restauración de Alfonso XII fue promovida por un pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos. Alfonso XIII permitió otro en 1923 para tapar sus propias responsabilidades en el desastre de Annual y sus partidarios conspiraron desde su exilio en la Italia de Mussolini para derribar al régimen republicano, urdiendo una trama para allegar a los futuros sublevados armas, pertrechos y aviones de bombardeo. En 1969, Juan Carlos I fue designado como su sucesor por el general Franco. El corolario presenta a los Borbones como una dinastía de fijos-discontinuos, que salieron del trono tres veces y fueron repuestos otras cuatro. Entre no poder vivir con ellos o sin ellos, los españoles fueron compelidos en última instancia, espadón mediante, a acatar siempre la segunda opción 

Los fastos de la jura de la heredera vienen a incidir sobre un debate, desigual en su afloración temporal a modo de Guadiana, acerca de si está la monarquía en crisis o su decadencia es la de todo un relato nacional. Hasta el año 2011, la institución formaba parte esencial del imaginario de la transición. Legado de la dictadura como evidencia histórica de la incapacidad de la oposición antifranquista para imponer una ruptura democrática, la corona se bautizó aparentemente en las aguas del Jordán un 23 de febrero de 1981. Haciendo de la necesidad virtud, la figura del rey se erigió en un referente nacido de la urgencia de dotar de un seguro de estabilidad a una sociedad ansiosa de superar el estado de sobresalto. Juan Carlos de Borbón fue reverenciado por encima de todo límite prudente por casi dos generaciones de españoles. Su sucesor, que ha tenido que asumir la factura de la frustración de esa narrativa, no ha contado con la misma fortuna.

Hoy, los analistas demoscópicos hablan de una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE del primer trimestre de 2023, España cuenta con 48.345.223 habitantes, de los que el 41.969.601 son españoles de nacimiento. De ellos, el 56,3% nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 48,9% de los actualmente mayores de edad no tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto. Quizás sea esto lo que explique que, según la única encuesta que ha preguntado por ello en los últimos años, y no era del CIS, un 40,9% de la población manifiesta su apuesta por la república frente a un 34,9% que está a favor de la monarquía. La opción republicana gana en todas las cohortes de edad por debajo de 54 años y es mayoritaria –hasta con treinta puntos porcentuales de diferencia– entre los menores de 24. A este paso, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que Thomas Paine y los demócratas radicales denunciaron en el siglo XVIII como rasgo indeseable de los sistemas carentes de un fundamento racional: que esté encomendado a los muertos el gobierno de los vivos. 

Lo peor de las monarquías no es la irracionalidad de su principio rector, la transmisión de la principal magistratura del estado confiada a la ruleta de la herencia genética, sino que sus crisis se transfieren inevitablemente al propio estado. Las repúblicas están dotadas de válvulas de seguridad, desde la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales a los procesos destituyentes instruidos por los representantes electos de la soberanía nacional, que impiden que la presión alcance el nivel de alarma. Las monarquías solo dejan dos salidas a sus titulares, ambas con desgarro: la abdicación o el derrocamiento. Les salva la inepcia política de sus impugnadores y el permanente chantaje de que la alternativa aparezca como una invitación a asomarse al abismo. Un miedo que, es cierto, les debemos históricamente a los Borbones.


JUAN CARLOS NO VA A LA JURA DE SU NIETA. LO VE POR TEELVISIÓN. ¡¡JODO CON LA FAMILIA EJEMPLAR!!

¡¡¿Qué le debemos a los borbones?!!

NETANYAHU CRIMINAL ABYECTO


 NETANYAHU ES UN CRIMINAL ABTYECTO AL QUE LE PROTEGEN LOS EEUU OTROS CRIMINALES HISTORICOS

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por violar el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados de población de la potencia ocupada a la ocupante y viceversa. Israel, por su parte, lleva décadas incumpliendo exactamente el mismo artículo con la construcción de asentamientos en territorio ocupado y Benjamin Netanyahu, uno de los principales defensores de esta estrategia, puede viajar libremente sin temor a ser arrestado.

En tan solo un año de investigación –y pese a que Rusia, al igual que Israel, no es parte de la CPI–, la Fiscalía del tribunal emitió la orden contra Putin el pasado mes de marzo por el “crimen de guerra de deportación ilegal de población (menores) y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a Rusia”.

En el caso de Palestina, la Corte Penal Internacional abrió su investigación en marzo de 2021 –tras cinco años de estudio preliminar– y no ha tenido grandes novedades en dos años y medio. Sin embargo, la política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este supone un traslado ilegal de población de la potencia ocupante a la ocupada, según declaró en un dictamen de 2004 la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Dichos asentamientos cambian la demografía del territorio y dificultan la viabilidad de un futuro Estado palestino con una política de hechos consumados. 

Aunque la CPI solo tiene competencia para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos en Palestina o por palestinos desde junio de 2014, la política de asentamientos no ha parado en décadas y Netanyahu, como primer ministro, ha sido uno de los grandes impulsores y responsables en los últimos años. Mientras en 2014 la población de colonos era de 577.053 personas, en 2020 había aumentado a 694.777. Varios primeros ministros israelíes han promovido la construcción de asentamientos desde poco después de la guerra del 67.

En el caso de Palestina, cuando la Fiscalía anunció la apertura de la investigación, Netanyahu lo calificó de “puro antisemitismo y el colmo de la hipocresía”. Estados Unidos –que tampoco es parte de la CPI– también criticó la decisión alegando que Israel no es un Estado miembro y que “los palestinos no reúnen los requisitos para ser considerados un Estado soberano y, por lo tanto, no están cualificados para obtener la condición de Estado miembro, participar como Estado o delegar jurisdicción en la CPI”. Un año antes, Washington incluso había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, especialmente por sus trabajos sobre posibles crímenes de guerra cometidos por estadounidenses en Afganistán. 

Israel ha dinamitado el derecho humanitario”

Jiménez explica que en el derecho internacional hay dos marcos normativos: el derecho internacional general y el derecho internacional humanitario. “El primero establece cuándo la conducta de un Estado es ilícita. Por ejemplo, el ataque de Hamás es ilegal e Israel tiene derecho a la legítima defensa”, dice. “El segundo es un orden jurídico según el cual, independientemente de quién tenga la razón o el derecho a la defensa, hay unos mínimos que todos tienen que cumplir y respetar”.

“Además de Gaza, Israel ha dinamitado el derecho internacional humanitario, que eran cuatro reglas básicas que rigen un conflicto armado. Son crímenes internacionales que nacieron del horror que en parte el pueblo judío tuvo que sufrir, pero eso no significa que tú no puedas ser considerado responsable de cometerlos”, añade.

Tanto Netanyahu como Putin son responsables de una ocupación y anexión ilegal de territorio. Ambos han bombardeado y matado a civiles cuestionando el principio básico de la distinción en conflictos armados. Pero ninguno de los dos está acusado por ello en un tribunal internacional.

lunes, 30 de octubre de 2023

DEL GUETO DE VARSOVIA AL GUETO DE GAZA Y CISJORDANIA


 EN VARSOVIA LOS ALEMANES DETENIAN A LOS JUDIOS

GAZA HOY BOMBARDEADA Y DESTRUIDA


GAZA BOMBARDEADA COMO EL GUETO DE VARSOVIA

HOY ¿QUIENES SON LOS CRIMINALES?

Israel está cometiendo con los palestinos el mismo crimen que los nazis cometieron con los judios. Con la vergüenza de ver como la UE se pone del lado de Israel y como siempre los EEUU apoyan a Israel.

Los crimenes cometidos por Israel son crimenes contra la humanidad y no prescriben nunca.

Los territorios ocupados por Israel12​ son aquellos territorios que fueron ocupados militarmente por el Estado de Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967. Estos se encuentran conformados por los territorios palestinos de Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y la Franja de Gaza; la mayor parte de los Altos del Golán de Siria; y, hasta 1982, la Península del Sinaí de Egipto. Israel sostiene que Cisjordania es un territorio disputado3​ y asegura que, desde su retirada de la Franja de Gaza en 2005, no ocupa más este territorio.

La Corte Internacional de Justicia,4​ la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas5​ catalogan a Israel como "Potencia Ocupante". El relator especial de las Naciones Unidas Richard Falk llamó a la ocupación israelí como "una afrenta al derecho internacional".67​ De acuerdo con Talia Sasson, que redactó un informe oficial para el gobierno israelí en el año 2005, la Corte Suprema de Israel, con diferentes jueces en su conformación, repetidamente ha establecido por más de cuatro décadas que la presencia de Israel en Cisjordania es una violación del derecho internacional.8

El primer uso del término 'territorios ocupados' tuvo lugar en la Resolución N° 242 (S/RES/242) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras la guerra de los seis días de 1967, la cual hizo un llamamiento por el establecimiento de una justa y duradera paz en medio oeste que sea alcanzada por "la aplicación de los dos siguientes principios: i) retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto ii) terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza".9

La anexión de Jerusalén Este por parte de Israel en 1980 no ha sido reconocida por ningún país, mientras que la de los Altos del Golán en 1981 tan solo ha sido reconocida por los Estados Unidos.10​ La Resolución N° 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaró la anexión de Jerusalén como 'nula y carente de valor' y exigió que sea dejada sin efecto. La Resolución N° 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también declaró la anexión de los Altos del Golán como 'nula y carente de valor'. Luego de la retirada de Israel de la península del Sinaí en 1982, como parte del tratado de paz entre Egipto e Israel, el Sinaí dejó de ser considerado como territorio ocupado. Israel unilateralmente se retiró de Gaza en setiembre de 2005 y declaró ya no estar en ocupación de la Franja. Sin embargo, dado que aún retiene el control del espacio aéreo y costero en la zona, Israel continúa siendo considerado una potencia ocupante por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,11​ y también por algunos países y organizaciones de derechos humanos.


ISRAEL Y LOS TERRITIOS OCUPADOS EN 1967 TRAS LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS


LA IGLESIA NUNCA PIDE PERDÓN. PERDÓN ¿POR QUÉ? LES SUENA


 LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE LA IGLESIA ESPAÑOLA NO PIDE PERDÓN ¿POR QUÉ? LES SUENA SEGURO.

La Iglesia nunca pide perdón

domingo, 29 de octubre de 2023

LA LEONORMANÍA: UNA MONARQUÍA DE RIGODÓN

 

LEONOR DE BORBON ORTIZ, PRINCESA DE ASTURIAS JURARÁ EL PROXIMO 31 LA CONSTITUCIÓN AL CUMPLIR LOS 18 AÑOS. NO ASISTIRÁ EL ABUELO PATERNO NI LA ABUELA . COMO PASÓ CON LA BODA DE ALFONSO XII. LOS BORBONES SIEMPRE HAN SIDO UNA FAMILIA MAL AVENIDA

Nos lo están vendiedo como el logro de la monarquía, cabe decir que esta monarquía fue impuesta por el dictador criminal y asesino del general Franco. Que fue una continuidad de su regimen nacido del 18 de julio de 1936. Que la cabeza de esa monarquía ha sido el corrupto Juan Carlos de Borbón designado por el dictador como su sucesor "vengo a designar a mi sucesor en la persona de Juan Carlos de Borbón..."  

Esta monarquía impuesta en la dictadura, nunca hubo una consulta sobre monarquía o republica, no tiene ningún arraigo entre los menores de 50 años,  ni entre los mayores Los más jovenes es que no saben ni lo que es una monarquía.

A la monarquía le quitan el rigodón y no se sostiene.

LA CRIMINAL ACTUACION DE LA UE EN GAZA CON ISRAEL

 

BAJADA DE PANTALONES DE LA UE ANTE LOS CRIMENES DE ISRAEL EN GAZA

"LO QUE HEMOS CONSENSUADO EN ESTAS 17 HORAS DE REUNIÓN": "QUERIDO BENJAMIN. SIN ANIMO DE IMPORTUNARTE Y, PIDIENDOTE DE ANTEMANO QUE DISCULPES LAS MOLESTIAS QUE PODAMOS OCASIONARTE (NADA MAS LEJOS DE NUESTRA INTENCIÓN), REDACTAMOS ESTA PETICIÓN QUE DE NINGUN MODO BUSCA ENTROMETERSE EN TU POR OTRA PARTE EXCELENTE GESTIÓN, EN VIDIADA POR CUALQUIER GOBERNANTE QUE SE PRECIE COMO TAL, SINO QUE PRETENDE SER UNA HUMILDE REFLEXIÓN QUE , SI USTED ACEPTARA CONSIDERAR, NOS LLENARÍA A TODOS LOS SUSCRIBIENTES DE ORGULLO Y SATISFACCIÓN...

SUS SEGUROS SERVIDORES QUE BESAN SU MANO. 

LA UE QUE SE BAJA LOS PANTALONES 


sábado, 28 de octubre de 2023

VICTIMA DE RENFE: SALI VIVA DE MILAGRO Y RENFE NO ME DEVUELVE LOS 9 EUROS DEL BILLETE


 VICTIMA DE RENFE DEL INCENDIO FORESTAL DE BEJIS EN AGOSTO DE 2022

UNA VÍCTIMA DEL TREN DEL INFIERNO DE BEJÍS: «SALÍ VIVA DE MILAGRO Y NI SIQUIERA ME HAN DEVUELTO LOS 9 MÍSEROS EUROS DEL BILLETE»


CATORCE MESES DESPUES DEL ACCIDENTE RENFE NO DA LA CARA.ESTA ES LA CARA DURA DE RENFE

Terror en el tren

«No había nadie más, solo la conductora», afirma Pablo Carpio García, un joven viajero que también huyó a pie. «Los que corrieron conmigo no se quemaron. Éramos un grupo de más o menos 8 personas. Nos parecía la mejor decisión. Yo perdí mi maleta al completo. Hicimos un grupo en redes sociales para que se sepa la realidad. ¡Nos metieron en un incendio!, los mas jóvenes íbamos más rápido y no sé cómo llegaron los demás. Luego unos lugareños nos ayudaron a llegar al pueblo más cercano».

El alcalde de CaudielAntonio Martínez Fernández , el municipio al que llegaron los heridos, estaba trabajando en el incendio que tiene en vilo a la localidad que gobierna cuando empezaron a llegar los heridos provenientes del tren. Algunos a pie, exhaustos tras recorrer al menos 3 km y otros en el propio aparato, que finalmente si arrancó y llegó al lugar. «Los vecinos, sobre todo los que tienen conocimientos sanitarios, estuvieron atendiendo a los heridos hasta que llego el Samur. Luego varios autobuses se los llevaron por carretera a distintos lugares», explica el edil.

ESTO ES RENFE, LO DIGO EN PRIMERA PERSONA. QUE PRESENTÉ POR ESCRITO UNA RECLAMACION EN JUNIO DE 2022 Y NO HE RECIBIDO RESPUESTA.


EL DEMOLEDOR INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA PEDERASTIA

 

  

LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE LA IGLESIA CATOLICA ESPAÑOLA
VEINTISIETE OBISPO OBSTACULIZARON LA PRIMERA INVESTIGACIÓN OFICIAL SOBRE ABUSOS DE LA IGLESIA. ESTO ES SER DELINCUENTES TOTALES

Las cifras de la pederastia en la Iglesia católica

El informe del Defensor del Pueblo subraya la existencia de un grave problema negado durante décadas


No todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo supiera. Esta frase resume el espíritu de las pronunciadas ayer por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en la presentación ante el Congreso del informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica española. Y revela la dimensión de un gravísimo problema sobre el que durante años se ha cernido, conscientemente, un pacto de silencio. Hoy sabemos que cientos de miles de personas sufrieron abusos y que la Iglesia los encubrió. También sabemos que la institución religiosa no ha querido colaborar plenamente en la investigación y que habrá un fondo estatal para indemnizarlas. Se trata de un triunfo histórico de la verdad, pero también de un punto de inflexión en la atención y reparación a las víctimas y en la adopción de medidas de prevención de delitos que se prolongaron durante décadas y cuyo conocimiento ha sacudido a la sociedad española.

No se hubiera llegado a este momento sin la exhaustiva investigación que desde hace cinco años viene realizando EL PAÍS, con decenas de informaciones que han roto el muro de silencio e impunidad demostrando que no se trataba “de unos pocos casos aislados”, como sostenía la jerarquía católica española, sino de una práctica delictiva desarrollada, como mínimo, durante los últimos 80 años. Una labor que fue vilipendiada por la misma jerarquía —la tachó de poco rigurosa—, que solo decidió tomar mínimamente cartas en el asunto cuando, en diciembre de 2021, EL PAÍS entregó directamente al papa Francisco un documentado informe sobre su trabajo. La labor de este diario es un buen ejemplo de cómo el periodismo puede servir para cambiar la vida de las personas y obligar a los poderes públicos a tomar medidas ante la injusticia.

Las cifras que se desprenden del informe de 779 páginas elaborado durante 18 meses por el equipo del Defensor del Pueblo son demoledoras. Al menos 440.000 personas sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes, religiosos o individuos vinculados a la Iglesia católica. Representan el 1,13% de la población española adulta actual. El porcentaje se extrae de la encuesta a 8.013 personas realizada para el Defensor por el instituto demoscópico GAD3, una metodología aplicada de las ciencias sociales que evita sesgos y especulaciones. Hay que destacar que el número de víctimas en nuestro país supera las 330.000 que calculó la investigación realizada en 2021 en Francia, y, a diferencia de la española, encargada por la propia cúpula eclesiástica. Tampoco es posible olvidar que ese mismo año el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aseguraba que conocía “cero o muy pocas” denuncias. España tiene desde ayer el triste récord de ser el país que cuenta con la proyección más alta de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica.

Desgraciadamente, los responsables de la Iglesia española no han entendido la importancia ni la legitimidad de la investigación. Según recoge el informe, su colaboración ha sido dispar y, aunque algunas diócesis han facilitado información valiosa, los datos aportados por los obispos tienden a minimizar el problema, lo presentan como algo marginal y rehúyen abordar los aspectos internos que pueden favorecer el abuso y el encubrimiento. Cabe destacar muy negativamente la actitud de la diócesis de Vic, que, en una actitud propia de otros tiempos, ha llegado a cuestionar el propio encargo realizado por el Congreso. Por su parte, la diócesis de Oviedo se negó a dar dato alguno y ni siquiera contestó a un segundo requerimiento del Defensor del Pueblo. En la España democrática la autoridad de un obispo no puede prevalecer sobre la del Parlamento.

Los abusos han causado, en palabras de Gabilondo, un impacto devastador en sus víctimas, que han vivido un nuevo drama ante la actitud indiferente de la Iglesia, de la Administración de Justicia y de la sociedad cuando decidieron hacer públicos unos hechos tan dolorosos. Tal como propone el informe, la Iglesia católica no solo debe reconocer y reparar a las víctimas, sino también hacer las reformas institucionales necesarias para evitar estos delitos. Se trata de una lacra que ha perjudicado principalmente a menores de edad (el 64,6% son varones) abrumados por el contexto institucional en el que se producía.

Acierta el Defensor al pedir responsabilidades también al Estado, encargado en último término de supervisar lo que sucede en el sistema educativo, el ámbito donde se ha producido el mayor número de casos. Aunque la casuística se remonta al franquismo, el periodo investigado afecta también al Estado democrático. Por ello es pertinente la propuesta de que la inspección educativa ejerza una supervisión efectiva en los centros, independientemente de si son públicos, concertados o privados. Del mismo modo, la Iglesia tiene la obligación de poner los medios para la atención y reparación de las víctimas. La creación de un fondo estatal de reparaciones no puede eximir completamente a la institución religiosa de su responsabilidad tanto en la financiación del proceso de recuperación de las víctimas como de su resarcimiento. Cada parte debe asumir su culpa, pero en absoluto son iguales.

Durante décadas, cientos de miles de personas han sido víctimas de abusadores pertenecientes a la Iglesia católica que han gozado de total impunidad gracias al encubrimiento de algunos y la indiferencia de muchos. La verdad revelada por el informe del Defensor del Pueblo debe transformarse en políticas públicas que pongan fin definitivamente a uno de los episodios más oscuros y traumáticos vividos en la historia reciente de nuestro país.


LA IGLESIA ESPAÑOLA SE CONSIDERA IMPUNE ANTE LA JUSTICIA TERRENAL ESPAÑOLA. NO SON HOMBRES DE DIOS SON DELINCUENTES DEMASIADO PROTEGIDOS.


 

viernes, 27 de octubre de 2023

SAMANTA VALLEJO NAJERA ES UNA GILIPOLLAS CON TRADICIÓN

 

SAMANTA VALLEJO NAJERA ES DE TRADICIÓN GILIPOLLAS Y FACHA

Samantha Vallejo-Nágera, en el blanco de las críticas por sus polémicas palabras sobre los camareros

A ESTA TÍA SU ANTECESOR FACHA QUE HACIA PERRERIAS A LOS HOMOSEXUALES LE DEBIÓ HACER EL ELECTRO SHOCK Y SE HA QUEDADO GILIPOLLAS ABSOLUTA

LA PEDERASTIA UNA LACRA EN LA IGLESIA CATOLICA ESPAÑOLA

 

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA  ES RESPONSABLE DE LOS ABUSOS EN LA IGLESIA ESPAÑOLA.

El Defensor del Pueblo acusa a la Iglesia de proteger los abusos sexuales y propone un fondo de indemnización

Su informe estima unas 440.000 víctimas de pederastia "en el ámbito religioso" e insta a ampliar la prevención y el reparo


Tarde pero con todo. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes al Congreso de los Diputados el informe que ha elaborado este órgano sobre las denuncias por abusos sexuales infantiles en la Iglesia católica, una investigación que ha durado un año y medio y que da cuenta del encargo del Parlamento en marzo de 2022. Un documento que, tras muchas entrevistas y encuestas, refleja que unas 440.000 personas han sido víctimas de pederastia "en el ámbito religioso", denuncia que la propia institución religiosa ha protegido a los abusadores e insta a ampliar la prevención pero también a llevar a cabo ya un reparo para aquellos que han sufrido estos delitos siendo menores de 18 años. Es por ello que proponen, entre otras cosas, un fondo estatal de indemnización "en cooperación con la Iglesia o subsidiario a su responsabilidad".

Informe sobre pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo

El 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas, ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una extrapolación de la encuesta a gran escala que ha realizado el Defensor del Pueblo de la mano de GAD3 con una muestra de más de 8.000 personas. Una cifra heladora que se suman a las casi 500 denuncias oficiales que ha registrado esta organización y los 720 casos reconocidos por la Conferencia Episcopal. Del total, un 0,6% de entrevistados dicen haber sido abusados directamente a manos de sacerdotes o religiosos, y el resto, de personas relacionadas con estas instituciones. El estudio indica que ese porcentaje es "una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países", pero el sondeo revela que un 11,7% de las entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar.

Así lo ha explicado este viernes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilongo, en una rueda de prensa este viernes tras hacer entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de un informe elaborado por este organismo a través de una Unidad de Atención a las Víctimas para "para dar luz" a lo ocurrido durante décadas en la iglesia católica de nuestro país. Un documento "no sesgado, ni ideológicamente ni de ningún otro sentido" y que ha contado con "las experiencias de las víctimas", que han sido entrevistadas "minuciosamente", algunas incluso durante días, para explicar sus experiencias y posiciones sobre los abusos sufridos. Pero también se ha contado con obispos, escuelas o representantes eclesiásticos para analizar y evidenciar la repercusión de estos delitos.

Más de 440.000 víctimas de abusos sexuales

"Es un informe que no pretende ofrecer ni dictar lo que ha de hacerse, sino otorgar dos marcos con conclusiones y recomendaciones para la adopción de decisiones", ha dicho Gabilondo, que ha defendido que "el defensor del pueblo no es juez, no es legislador y no es la administración". Sin embargo, el representante de este órgano a raíz de los testimonios de las más de 400 víctimas directas y una encuesta a pie de calle "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de las personas". Víctimas "devastadas por los abusos de la iglesia católica, de la que cabe esperar ejemplaridad y singular capacidad de afrontar la situación". Y es que el informe acusa directamente a la Iglesia de ocultar durante años los abusos así como responder de forma "insuficiente, dilatoria y de modo poco adecuado".

Y es que señalan que los procedimientos de derecho canónico muestran un importante déficit en el derecho de las víctimas, quienes "no son parte del proceso ni su voz tiene el lugar que precisa y merece". De hecho, Gabilondo ha hablado de "un silenciamiento, el secreto y la indefensión" de las víctimas en el marco normativo. "Durante años ha predominado cierta voluntad de negación, de protección de los abusadores, trasladando personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, e incluso otros países", lo que ha tildado de "mala práctica" ocurrida "de modo recurrente" y que "no permitía responder al problema". Sin embargo, sí ha destacado la "reciente" voluntad expresada por algunos obispados y congregaciones a "asumir el problema". "Esto podría abrir nuevas perspectivas y eso esperamos", ha sostenido.

Un fondo estatal para indemnizaciones

Gabilondo ha destacado que las condenas no garantizan la indemnización, de hecho, "los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados con sentencias condenatorias no siempre garantizan que las víctimas hayan visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades de indemnización", ya que no han llegado a ser satisfechas, y que "los casos en los que se ha condenado a las diócesis han sido una minoría". Es por eso que ha propuesto la creación de "un fondo estatal" para el pago de compensaciones a favor de las víctimas, "que acuerde un órgano especial de carácter temporal y tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario".

"Esta obligación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católico, o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma", ha dicho, especialmente por la tibia respuesta del entorno eclesiástico. Pero también ha instado a establecer más medidas que acompañen a la prevención y reparo, como la apertura de los archivos por parte de la Iglesia. "Deben hacer un esfuerzo para abrir sus archivos. Se nos dice una y otra vez que no hay mucha cosa. Sería interesante que la Iglesia mirara sus archivos y los pusiera a disposición de quien está investigando. Un asunto del Concordato señala que los archivos de la Iglesia son privados, y que por tanto no pueden ser abiertos por una instancia distinta de la Iglesia, pero la Iglesia sí puede verlos", ha explicado.

"Colaboración" dispar en el seno de la Iglesia

Unas contundentes palabras que ha pronunciado después de reconocer que se ha llegado "tarde" a la elaboración de este informe en comparación con otros países pero "no se podía postergar mucho más", preguntado por la rapidez en su redacción en tan solo 15 meses. "Hay un cambio de actitud en la Iglesia, y confío en eso, para estar totalmente abierta a que esto se afronte entera. Porque las víctimas no pueden esperar más", ha afirmado. Y después de apuntar a la "colaboración dispar" en el seno de la Iglesia, que "no ha participado, pero sí ha colaborado". "Hemos escrito a todos los obispos, nos han contestado algunos. No todos, algún obispo nos ha reñido, no solo no nos ha contestado sino que nos ha dicho, ¿qué hacen ustedes enredando con esto? Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien", ha sentenciado.

Tras esta presentación, que el propio Gabilondo ha defendido en la sala de prensa de la Cámara Baja su legitimidad a acometerla en medio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, este informe será debatido en pleno con los grupos parlamentarios del Hemiciclo debido a que responde a una Proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022 que encomendó al Defensor del Pueblo la "creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos". Fue apoyada por la amplia mayoría, excepto Vox, que votó en contra de que estos trabajos se pusieran en marcha. 
LOS TESTIMONIOS DE LAS VICTIMAS SON
DEMOLEDORAS
EL INFORME TIENE 779 PAGINAS QUE
AVERGÜENZAN A CUALQUIERA.