Si el coordinador general del PP en Madrid sube una foto con el director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso con el mensaje: "Me gusta la fruta. La adoro", qué nivel se le puede pedir al debate político a la ciudadanía.
Si el coordinador general del PP en Madrid sube una foto con el director de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso con el mensaje: "Me gusta la fruta. La adoro", qué nivel se le puede pedir al debate político a la ciudadanía.
EL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN MANDA A JUCIO CAMINO DEL TALEGO A GRANADOS Y DICE QUE AGUIRRE SABIENDO DE SUS CHORIZADAS SOLO LO CAMBIO DE DESTINO. AGUIRRE ERA LA JEFA DE LA CORRUPCIÓN PERO NADIE LA SEÑALA.
Esperanza Aguirre está rodeada de chorizos camino del talego, pero ella que era la jefa de la banda y principal beneficiaria no se ve implicada. Esto suena raro, raro, pero que muy raro.
GUILARTE PRESIDENTE DEL "CADUCADO" CGPJ DE DESDICE 24 HORAS DE LO DICHO. YA ESTÁS TARDANDO EN DIMITIR
Veinticuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera un ultimátum al PP para que se avenga a renovar el CGPJ en lo que queda de mes o, en caso contrario, el Gobierno presentará una propuesta para desbloquear dicha renovación inspirada en la llamada 'vía Guilarte', el presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte, recula.
Guilarte cambia de opinión ahora sobre su propuesta estrella, que ha paseado por varios escenarios desde que el pasado 23 de abril la registrara oficialmente en el Congreso y en el Senado; una propuesta que privaba al CGPJ de su competencia de oro, la de hacer nombramientos en el Supremo, para despojarle así de su mayor atractivo de cara a los grupos parlamentarios, con el objetivo de impedir bloqueos como el que protagoniza el PP desde hace ya cinco años y medio.
Cuando unos vocales del CGPJ llevan más de cinco años con su mandato "caducado", es decir: incumpliendo la Constitución, ya todo se puede esperar.
Desde el día que Cosidó dijo "
La mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino parecerlo. Esta frase, que al parecer pronunció Julio César, se ha convertido en un paremio (perdón por el culteranismo), es decir, dicho o frase hecha; precepto, máxima, refrán o construcción lingüística que puede usarse como modismo o locución adverbial y por cualquier enunciado breve, sentencioso e ingenioso que trasmite un mensaje instructivo, incitando a la reflexión intelectual o moral.
Algunos paradigmas han cambiado sustancialmente. La enseñanza se ha generalizado y son muchas las personas que tienen acceso a títulos o grados de mayor o menor nivel y la posibilidad de encauzar su vida profesional según sus personales intereses. Sin perjuicio de la inmodificable garantía de igualdad y no discriminación, lo cierto es que las circunstancias de la vida colocan a determinadas personas en un estatus que puede modificar o adaptar su actividad profesional por razón de su acceso a relevantes funciones públicas en su entorno personal o familiar.
Los sistemas democráticos y la lucha de las mujeres por conquistar la igualdad de derechos civiles y políticos han permitido que algunas hayan alcanzado la más alta representación de un Estado: Indira Gandi, Margaret Thatcher, Dilma Rousseff y muchas otras. Sus esposos o parejas han continuado desarrollando sus actividades profesionales sin mayores objeciones y sin que nadie les exigiese renunciar a su trabajo o modo de vida.
El ejemplo más cercano a nuestra vida política lo podemos encontrar en Carmen Romero, esposa durante muchos años del presidente del Gobierno Felipe González. Cuando llegó al Palacio de La Moncloa se dio la circunstancia de que por primera vez una mujer con trabajo propio e independiente asumía el papel de “primera dama”. En una entrevista dejó para la posteridad un mensaje de rabiosa actualidad: “No hay un estatuto especial para ser la mujer del presidente, sólo luchar por no dejar de ser tú misma”.
Begoña Gómez se trasladó en su juventud a Madrid, donde decidió escoger su trayectoria profesional, especializándose en mercadotecnia, y accediendo a algunos títulos como dirección de empresas y otros. Desde 2022 codirige la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 contrajo matrimonio con el actual presidente del Gobierno Pedro Sanchez. Durante muchos años sus actividades profesionales eran absolutamente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos. Desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno mediante la moción de censura a Mariano Rajoy hasta las elecciones de mayo de 2023, las actividades empresariales de Begoña Gómez pasaron desapercibidas para la opinión pública. Ante el evidente éxito de la derecha y extrema derecha, el presidente del Gobierno reacciona convocando elecciones generales para el 23 de julio siguiente. A la vista de su resultado y su nueva investidura, la maquinaria mediática al servicio de la derecha concentra su foco de atención en las actividades profesionales de Begoña Gómez, alcanzando un nivel de turbulencia que es difícil encontrar en las hemerotecas.
Como era de esperar, no tardó en entrar en escena el colectivo de funcionarios de Manos Limpias, cuya única actividad conocida es la de regar los juzgados de denuncias y querellas que merecerían ser rechazadas de plano por su absoluta falta de rigor jurídico. Siempre contra personas o partidos políticos de izquierdas y nunca contra el PP o Vox. Un juez al que le tocó la grotesca denuncia, suponemos que por riguroso turno de reparto, la tomó en consideración con absoluta falta de razonamiento a pesar de sus defectos formales e inconsistencia, sabiendo que la persona afectada era la esposa del presidente del Gobierno y que sus repercusiones políticas sobre las elecciones catalanas y europeas eran inevitables, como así se demostró en la realidad, y puso en marcha la maquinaria judicial sin pararse ni un momento en razonar sobre la admisibilidad de ese engendro procesal que le había tocado en suerte.
Algunos jueces, y entre ellos el Sr. Peinado, consideran que el sistema procesal penal es como una caja registradora y, cuando les llega el papel que les envía el Decanato, lo convierten automáticamente en una diligencia penal sin tener en cuenta los efectos que esa decisión conlleva para el denunciado o querellado, ignorando que una admisión a trámite automatizada surte unos efectos demoledores. El sistema no funciona como un robot. El art. 313 de la ley procesal penal exige que la querella se desestime si los hechos no constituyen delito, y algo similar dice el art. 269 en relación con la denuncia.
La desestimación de la querella, sin realizar diligencias de investigación, cuando los hechos no constituyen delito es perfectamente respetuosa con los derechos del querellante y es una consecuencia del deber del juez de proteger los derechos del querellado. De hecho, debe afirmarse que el instructor, como garante de los derechos del querellado, está obligado a impedir que sus derechos fundamentales y, por supuesto, su seguridad jurídica y su tranquilidad personal se vean afectados por una investigación penal sin fundamento.
Como ha dicho el Tribunal Supremo, “se trata de aplicar el mismo principio que es exigible cuando se trata de restringir los derechos fundamentales del artículo 18 C.E.” (es decir su derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen), pues “de lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia”. No se puede perturbar a un ciudadano de un modo tan claro si no es en los casos establecidos por la Ley; y esos casos no abarcan la investigación de una conducta que ya prima facie se revela no delictiva. Ahora bien: esta respuesta ha de ser debidamente fundada en Derecho. Como contrapartida, el querellante tiene derecho a una respuesta suficientemente fundada y motivada cuando ve su pretensión indebidamente desestimada.
La lectura del panfleto presentado por Manos Limpias, que por lo menos reconoce que puede contener hechos falsos, no puede sustentar una decisión tan gravosa y sobre todo de tanto impacto personal y político. A partir de su indebida toma en consideración, se acumulan una serie de anomalías procesales que denotan una ignorancia inexcusable. En primer lugar, dice que solicita la “declaración testifical de la imputada” (!), expresión incompatible con un mínimo conocimiento del derecho. Declara un inaudito secreto del sumario cuando los hechos son públicos y notorios. Sostiene que concurren “sospechosos indicios”, conceptos incompatibles en el proceso penal. La reproducción del audio en el que se toma declaración al director de El Confidencial revela su total ignorancia sobre lo que es un testimonio. Por si faltaba poco, ha abierto una especie de ventanilla en la que, por el módico precio de 10.000 euros, cualquiera puede ejercitar la acción popular y apuntarse al festejo.
Permanezcan atentos a la pantalla porque sin duda la comparecencia y declaración de Begoña Gómez puede resultar un espectáculo de dimensiones inesperadas. El Consejo General del Poder Judicial, con la legitimidad que le proporciona su actual estado, ha recordado al presidente del Gobierno que debe haber una cierta “contención” en la crítica a las actuaciones judiciales. Ha perdido la oportunidad de recordar a los jueces que deben ser ellos los que tienen que hacer gala de la virtud de la contención.
MARTIN PALLIN LO HA DICHO
Y sin embargo, Juan Carlos Peinado mantiene secreta una parte de la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios mientras emprende con publicidad rocambolescas pesquisas, como averiguar quién puso su firma en el Palacio de la Moncloa al recibí de la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada.
Este martes se conoció un auto dictado el pasado viernes en el que el juez acepta la avocación presentada por la Fiscalía europea y se inhibe en favor de esta para que investigue la parte central de la denuncia contra Gómez, esto es, los contratos adjudicados por una empresa pública al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya oferta incluía una carta firmada por Gómez. La Fiscalía europea es competente para investigar este caso porque el dinero procede de la Unión Europea.
El juez ha informado a las partes de la entrega de esa parte de la investigación a la Fiscalía europea en un escrito donde únicamente plasma la parte dispositiva del auto, la que recoge la decisión que adopta, pero no su razonamiento. Si a eso se le suma el errático estilo del juez al escribir, la confusión es total. La defensa de Begoña Gómez ha remitido un escrito al juzgado en el que pide al magistrado que le informe de qué investiga en estos momentos.
Peinado había escrito en la parte dispositiva de su auto que acepta la avocación de la Fiscalía europea por los hechos “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU [propiedad de Barrabés] y Escuela de Negocios The Valley”. A continuación, añadía: “Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en los que se vieran afectados fondos europeos”. ¿Significa esa última frase que si hay otros indicios de delito los investigará? Si son fondos europeos también sería competencia de la Fiscalía europea.
Además, todo lo que no fueran los contratos procedentes de fondos europeos ya había quedado fuera de la causa. El 16 de abril, Peinado abrió unas diligencias previas a partir de una denuncia de Manos Limpias que incluía siete informaciones de prensa y un bulo de un diario digital. Una parte de esas informaciones aludían a la supuesta mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa a cambio de supuestas prebendas para una de las organizaciones con las que colabora que luego nunca se materializaron. Pero la Audiencia Provincial, al contestar al recurso de la Fiscalía en contra de la investigación de Peinado, estableció que ni el bulo de una subvención a la mujer del presidente que en realidad era una empresaria cántabra que se llamaba igual, ni nada de lo referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.
Por tanto, si la Fiscalía europea se ha hecho cargo de revisar los contratos con Barrabés y el resto de la denuncia de Manos Limpias no debe ser investigado, ¿por qué no cierra Peinado la causa? Esta confusión ha llevado al abogado de Gómez a presentar un escrito en el juzgado en el que apela al derecho a la defensa de su representada y, por tanto, a pedir que se “aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado”.
La respuesta reside en el secreto que mantiene sobre una pieza separada el juez. Pero el uso de su facultad de declarar secretas las actuaciones -para todas las partes pero no para la Fiscalía– ya fue cuestionado en esta causa por la Audiencia Provincial de Madrid. En el mismo auto en el que establecía límites a la investigación de Peinado, los jueces de la instancia superior le ordenaban levantar el secreto de las diligencias, si bien el magistrado lo había hecho poco antes tras la publicación del contenido del atestado que había ordenado a la Guardia Civil, y en el que también se descartaba indicios de delito por parte de Begoña Gómez.
Los jueces de la Audiencia de Madrid explicaban que no tenía sentido el secreto que sobre sus actuaciones decretaba Peinado, toda vez que había informado a Gómez de la investigación que pesaba sobre ella y, por tanto, había reconocido así que no había peligro de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la causa.
De lo que el juez sí ha informado con claridad es de su interés por saber a quién pertenece la firma con la que se dio por recibida en la residencia de Begoña Gómez, en el Palacio de La Moncloa, la notificación del juzgado para citarla como investigada el próximo 5 de julio. Tal y como describe en una providencia el propio juez, alguien escribió “P.D” y a continuación “una firma ilegible”.
Esa expresión alude a “Por Delegación” y la firma, según ha podido saber elDiario.es, es de Antonio Camacho, el abogado de Gómez que se encontraba allí preparando su defensa. El juez Peinado va a hacer comparecer como testigo al jefe de seguridad del Palacio de La Moncloa para aclarar el misterio.
Y sin embargo, Juan Carlos Peinado mantiene secreta una parte de la causa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios mientras emprende con publicidad rocambolescas pesquisas, como averiguar quién puso su firma en el Palacio de la Moncloa al recibí de la citación de Begoña Gómez para declarar como imputada.
Este martes se conoció un auto dictado el pasado viernes en el que el juez acepta la avocación presentada por la Fiscalía europea y se inhibe en favor de esta para que investigue la parte central de la denuncia contra Gómez, esto es, los contratos adjudicados por una empresa pública al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya oferta incluía una carta firmada por Gómez. La Fiscalía europea es competente para investigar este caso porque el dinero procede de la Unión Europea.
El juez ha informado a las partes de la entrega de esa parte de la investigación a la Fiscalía europea en un escrito donde únicamente plasma la parte dispositiva del auto, la que recoge la decisión que adopta, pero no su razonamiento. Si a eso se le suma el errático estilo del juez al escribir, la confusión es total. La defensa de Begoña Gómez ha remitido un escrito al juzgado en el que pide al magistrado que le informe de qué investiga en estos momentos.
Peinado había escrito en la parte dispositiva de su auto que acepta la avocación de la Fiscalía europea por los hechos “relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU [propiedad de Barrabés] y Escuela de Negocios The Valley”. A continuación, añadía: “Sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en los que se vieran afectados fondos europeos”. ¿Significa esa última frase que si hay otros indicios de delito los investigará? Si son fondos europeos también sería competencia de la Fiscalía europea.
Además, todo lo que no fueran los contratos procedentes de fondos europeos ya había quedado fuera de la causa. El 16 de abril, Peinado abrió unas diligencias previas a partir de una denuncia de Manos Limpias que incluía siete informaciones de prensa y un bulo de un diario digital. Una parte de esas informaciones aludían a la supuesta mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa a cambio de supuestas prebendas para una de las organizaciones con las que colabora que luego nunca se materializaron. Pero la Audiencia Provincial, al contestar al recurso de la Fiscalía en contra de la investigación de Peinado, estableció que ni el bulo de una subvención a la mujer del presidente que en realidad era una empresaria cántabra que se llamaba igual, ni nada de lo referente a la compañía aérea pasaban de ser “meras conjeturas”.
Por tanto, si la Fiscalía europea se ha hecho cargo de revisar los contratos con Barrabés y el resto de la denuncia de Manos Limpias no debe ser investigado, ¿por qué no cierra Peinado la causa? Esta confusión ha llevado al abogado de Gómez a presentar un escrito en el juzgado en el que apela al derecho a la defensa de su representada y, por tanto, a pedir que se “aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado”.
La respuesta reside en el secreto que mantiene sobre una pieza separada el juez. Pero el uso de su facultad de declarar secretas las actuaciones -para todas las partes pero no para la Fiscalía– ya fue cuestionado en esta causa por la Audiencia Provincial de Madrid. En el mismo auto en el que establecía límites a la investigación de Peinado, los jueces de la instancia superior le ordenaban levantar el secreto de las diligencias, si bien el magistrado lo había hecho poco antes tras la publicación del contenido del atestado que había ordenado a la Guardia Civil, y en el que también se descartaba indicios de delito por parte de Begoña Gómez.
Los jueces de la Audiencia de Madrid explicaban que no tenía sentido el secreto que sobre sus actuaciones decretaba Peinado, toda vez que había informado a Gómez de la investigación que pesaba sobre ella y, por tanto, había reconocido así que no había peligro de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la causa.
De lo que el juez sí ha informado con claridad es de su interés por saber a quién pertenece la firma con la que se dio por recibida en la residencia de Begoña Gómez, en el Palacio de La Moncloa, la notificación del juzgado para citarla como investigada el próximo 5 de julio. Tal y como describe en una providencia el propio juez, alguien escribió “P.D” y a continuación “una firma ilegible”.
Esa expresión alude a “Por Delegación” y la firma, según ha podido saber elDiario.es, es de Antonio Camacho, el abogado de Gómez que se encontraba allí preparando su defensa. El juez Peinado va a hacer comparecer como testigo al jefe de seguridad del Palacio de La Moncloa para aclarar el misterio.
¿QUÉ PERSIGUE PEINADO? ESTA CLARO 'JODER LA MARRANA' LAS CONSECUENCIAS SE LA PELAN. TIENE EDAD PARA RETIRARSE A SU CASOPLÓN-ALMACEN Y ESPERAR A QUE EL PP LE GRATIFIQUE POR SUS SERVICIOS PRESTADOS.
EL DAÑO YA ESTÁ HECHO QUE ES DE LO QUE SE TRATABA
La deriva del Partido Popular hacia posiciones difícilmente distinguibles de los planteamientos de Vox se ha hecho mucho más evidente desde la llegada del Sr. Feijóo a la presidencia de su partido y se ha agudizado tras las elecciones generales de julio pasado.
El Sr. Feijoó llegó en olor de multitudes a la Presidencia del partido sin tener que competir con nadie, tras la defenestración del Sr. Casado que contó con su visto bueno; desembarcó en Madrid con el cartel de político competente y con sentido de estado, y en consecuencia sectores económicos, financieros y grandes medios de comunicación trataron de crear en la opinión pública la idea de que la llegada del gallego a la presidencia del gobierno era algo casi inevitable.
El Sr. Feijóo se lo creyó y ahí comenzó su impaciencia. Su triunfo en las elecciones autonómicas y municipales gracias a sus pactos con la extrema derecha neofascista a la que introdujo en las Instituciones, exacerbó su impaciencia y a partir de ahí su quehacer político como líder de la oposición se centró exclusivamente en destruir al Presidente de Gobierno. Su oferta electoral a la ciudadanía en las elecciones generales del 23-J consistió casi en exclusiva en destruir al sanchismo.
Las mentiras, los insultos, los intentos de deshumanizar al adversario y las reiteradas muestras de torpeza e incompetencia en materias esenciales para el país, así como su persistencia en negar la evidencia de los logros que en materia social y económica había obtenido el gobierno de coalición Psoe-Unidas Podemos, mostraron a la ciudadanía la verdadera cara del Sr. Feijóo, así como unas carencias muy importantes en quien pretende ser Presidente del Gobierno de España.
Su pírrica victoria en votos y en escaños, su imposibilidad de obtener ningún apoyo parlamentario por su unión a Vox, le impidieron poder ser investido en una sesión que pasará a los anales del Congreso por la desnaturalización que el Sr. Feijóo llevó a cabo respecto a lo que la Constitución establece en relación a la sesión de investidura.
El Sr. Feijóo se lo creyó y ahí comenzó su impaciencia. Su triunfo en las elecciones autonómicas y municipales gracias a sus pactos con la extrema derecha neofascista a la que introdujo en las Instituciones, exacerbó su impaciencia y a partir de ahí su quehacer político como líder de la oposición se centró exclusivamente en destruir al Presidente de Gobierno. Su oferta electoral a la ciudadanía en las elecciones generales del 23-J consistió casi en exclusiva en destruir al sanchismo.
Las mentiras, los insultos, los intentos de deshumanizar al adversario y las reiteradas muestras de torpeza e incompetencia en materias esenciales para el país, así como su persistencia en negar la evidencia de los logros que en materia social y económica había obtenido el gobierno de coalición Psoe-Unidas Podemos, mostraron a la ciudadanía la verdadera cara del Sr. Feijóo, así como unas carencias muy importantes en quien pretende ser Presidente del Gobierno de España.
Su pírrica victoria en votos y en escaños, su imposibilidad de obtener ningún apoyo parlamentario por su unión a Vox, le impidieron poder ser investido en una sesión que pasará a los anales del Congreso por la desnaturalización que el Sr. Feijóo llevó a cabo respecto a lo que la Constitución establece en relación a la sesión de investidura.
¿Se plantea el Sr. Feijóo romper los pactos con Vox, allí donde gobiernan en coalición?
¿Merecía la pena degradar tanto el debate político, utilizar bulos y mentiras en asuntos muy sensibles para la honorabilidad de personas, llegar al insulto y la ofensa personal, para conseguir una victoria claramente insuficiente que sabe a derrota y posiblemente alimente más crispación?
Sería bueno para la salud de nuestra democracia que aquellos que han fomentado ese clima y en especial el Partido Popular, reflexionasen y rectificaran su forma de hacer política. La alternancia en democracia se produce siempre pero es exigible que se llegue a ella con respeto a las reglas y con juego limpio.
JUEGO LIMPIO AL PP, ESO ES MUCHO PEDIR.
UN FULANO DE LOS DE FRANCO SE HACÍA EL LISTO SOBRE LA FRECUENCIA DELCOITO MARITAL, EL POLVO DICHO EN PLATA, Y DECÍA:
UNA VEZ AL AÑO. ESO NO HACE DAÑO.
UNA VEZ AL MES, MUY POCO ES.
UNA VEZ A LA SEMANA, ES UNA CONSTUMBRE MUY SANA.
UNA VEZ AL DÍA, ESO ES UNA GUARRERIA
NO CONPEMPLABA LA POSIBILIDAD DE MÁS VECES AL DÍA.
FEIJÓO PIDE ELECCIONES TODOS LOS DÍAS "ESO ES UN GUARRERÍA"
HAN PASADO MÁS DE CINCUENTA AÑOS DEL CASO AÑOVEROS. TARANCÓN ESTUVO A PUNTO DE EXCOMULGAR A ARIAS NAVARRO, INCLUSO A FRANCO
La Iglesia Catolica tiene la pena maxima para un creyente "la excomunión "La excomunión es la pena que priva al fiel de la participación en los sacramentos y en los actos de culto público de la Iglesia." El excomulgado no puede recibir la Eucaristía, ni confesarse, ni casarse, ni ser padrino, ni ocupar cargos eclesiásticos, ni ejercer derechos canónicos. Esto es, su condena al infierno a perpetuidad.
Las Clarisas de Belorado (Burgos) han sentido la llamada para desencadenar un verdadero juego de hábitos tras anunciar su ruptura con el Vaticano el pasado 13 de mayo. Las monjas cismáticas, como se las ha bautizado en los medios, se enfrentan a la excomunión después de encerrarse en el convento y retirar el reconocimiento al Arzobispado burgalés, que las acusa de un delito de cisma tipificado en el Código de Derecho Canónico.
No entregan las llaves, como los vocales del CGPJ.
Todo es un problema de "pasta", como siempre. Una monjas clarisas querían hacer una operación de venta de un convento y sacar una pasta. Los superiores les dicen que para hacer "pasta" ya están ellos y la monjas le mandan a la ...
Los superiores les amenazan con la excomunión y las monjas les dicen "eso ya cuela". Son otros tiempos, hace cincuenta años la cosa era distinta.
Hoy, 24 de febrero de 2024, se cumplen 50 años del llamado “caso Añoveros”, que se produjo debido a la lectura de la homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, un episodio que originó el enfrentamiento más grave entre el franquismo y la Iglesia.
En un contexto de represión franquista, febrero de 1974, Añoveros en Cádiz escribió una homilía donde hablaba del sentido social de la Iglesia, de la no interferencia entre el poder político y el eclesiástico y de los curas obreros. Añoveros decía: “La jerarquía, la Iglesia ha de estar muy cerca de los oprimidos, de los que sufren”.
La homilía, “El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos”, un texto que fue leído en todas les parroquias de la diócesis de Bilbao, el domingo 24 de febrero de 1974.
El texto decía entre otros puntos: “El pueblo vasco, igual que los otros pueblos del Estado español, tiene derecho a conservar su propia identidad, cultivando y desarrollando su patrimonio espiritual, dentro de una organización sociopolítica que pueda reconocer su justa libertad”.
Esta apuesta valiente del obispo Añoveros a favor de su pueblo, continuaba así: “En las actuales circunstancias, el pueblo vasco tiene serios obstáculos para alcanzar estos derechos. El uso de la lengua vasca, tanto en la enseñanza como en los medios de comunicación, está sometido a notorias restricciones”.
El Gobierno de Arias Navarro reaccionó de una manera despótica a la lectura de la homilía, acusando a Añoveros de haber atacado la unidad de España, consagrada por las “Leyes Fundamentales”. Así, el miércoles 27 de febrero, el jefe superior de la policía de Bilbao arrestaba en su domicilio al obispo Añoveros, con el pretexto que habían de asegurar su integridad personal. Posteriormente, el Gobierno dispuso un avión en el aeropuerto de Sondica, con el objetivo de expulsar del Estado al obispo, con lo que se produjo la crisis más grave que ha existido entre la Iglesia y el Régimen franquista.
El obispo Antonio Añoveros manifestó que no abandonaría la diócesis de forma voluntaria, y que solo lo haría, si el Gobierno utilizaba la fuerza, o si el papa Pablo VI le pedía que dejara la diócesis.
Por su parte el cardenal Tarancón, presidente de la CEE, convocó al Comité Ejecutivo del episcopado y redactó una nota donde se recordaba la pena de excomunión que el canon 2334 decretaba, para aquellos que “directa o indirectamente impidiesen la jurisdicción eclesiástica de un obispo”. Tarancón, en caso que fuese expulsado el obispo Añoveros, daría a conocer esa nota a través de los medios de comunicación.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores llegó a redactar una nota de ruptura de les relaciones con el Vaticano.
En la Iglesia (y a los obispos les gusta mucho la equidistancia), no se puede ser imparcial. Como no lo fue Jesús, que optó siempre por los débiles y los oprimidos. No por los poderosos. Por eso nuestros obispos, con valentía, habrían de defender nuestra lengua y nuestra cultura (como lo hizo Añoveros en pleno franquismo) y más si cabe en estos momentos, donde el gobierno de la Generalitat del País Valenciano (PP y VOX) y diversos ayuntamientos con estos partidos, están intentando destruir y acabar con la lengua de Sant Vicent Ferrer, la lengua “propia” de los valencianos, como la define el Estatuto de Autonomía del País Valenciano.
Y el Papa Juan XXIII, en su Encíclica. “La paz en la tierra”, concretaba en contenido de este derecho:
“Hay que afirmar claramente que todo cuanto se haga para reprimir la vitalidad de las minorías étnicas viola gravemente los deberes de la justicia.
Responde por el contrario y plenamente a lo que la justicia demanda, que los gobernantes se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones“.
HAN PASADO MÁS DE CINCUENTA AÑOS Y LOS FACHAS IRREDENTOS SIGUEN COMO CON FRANCO
EL JUEZ PEINADO ADEMÁS DE PREVARICADOR OKUPACIÓN ILEGAL
La actual alcaldesa del municipio de La Adrada, Pilar Martínez(PP), ha asegurado a ElPlural.com que bajo su mandato ella no ha concedido licencia de primera ocupación al chalet familiar del juez Peinado.
Un inmueble, que tal y como ha desvelado este medio de comunicación, ha provocado que vecinos de este pueblo de Ávila lleven años movilizándose al ubicarse en un terreno que urbanísticamente siempre ha sido muy polémico.
La alcaldesa, que llegó al cargo en junio de 2023, ha defendido que ella no conoce si el chalet familiar del juez que investiga a Begoña Gómez cuenta con red de saneamiento ni tampoco dispone de datos sobre la piscina. Todo ello a pesar de que se trata de un asunto que marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos. Conversaciones sobre la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, tal y como ha sabido en exclusiva este periódico, se paralizó en el pasado no pocos meses.
Se da la circunstancia que responsables anteriores del Ejecutivo municipal, según han explicado fuentes municipales a este medio, tampoco habrían concedio esa primera licencia de ocupación.
En la propia finca, nadie ha atendido a este medio de comunicación.
La realidad es que vecinos de La Adrada llevan años movilizándose en contra de la casa familiar de uno de los magistrados más mediáticos del momento. De hecho, algunos ciudadanos materializaron incluso su enfado con pintadas en la valla de la fachada, donde hace tiempo escribieron las palabras “prevaricador” o “chalet ilegal”.
Si hace unos días salía a la luz que el juez Peinado había impedido a testigos responder sobre cuestiones clave para la investigación, lo más reciente de las últimas horas respecto de la figura del polémico magistrado es que ha suspendido las declaraciones del próximo domingo. Así se lo aseguraban fuentes conocedoras a ElPlural.com. Estas mismas voces apuntalaban que el juez Peinado no descarta plantar batalla a la Fiscalía Europea, órgano que reclama el grueso del asunto, por lo que será el Tribunal Supremo el que decida quién se queda finalmente con la instrucción del caso.
La Fiscalía Europea emitía hace pocos días un escrito de avocación de las diligencias abiertas por el magistrado contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, al considerar que la causa es de su competencia al investigarse el modo en el que fueron adjudicados fondos procedentes de la Unión Europea. Sin embargo, el juez, según las fuentes, no querría dejar en manos de los representantes del Ministerio Público la causa, por eso recurrirá la decisión, dejando así la pelota en el tejado del Supremo. Mientras dicta sentencia, parece que ha suspendido las declaraciones de los testigos, a menos hasta nueva orden.
El pasado 16 de abril el juez Peinado abrió diligencias previas por tráfico de influencias y corrupción en los negocios donde figuraba como investigada la mujer del presidente del Gobierno. Esta medida se tomó tras la denuncia presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias basada en recortes de prensa y bulos. La organización ultraderechista se terminaría lavando las manos, poniendo toda responsabilidad en los medios que habían publicado las informaciones sobre las que se sustentaba el texto.
Peinado decidió citar a Begoña Gómez para declarar como investigada el próximo 5 de julio. La polémica viene dada porque anunció la decisión en plena campaña electoral de los comicios europeos y tan solo cinco días antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas. Entretanto, no hay que obviar que la propia Guardia Civil no ve indicios de delito en las acciones llevadas a cabo por Gómez, o que empresario al que la derecha señala por el presunto caso, Juan Carlos Barrabés, cerró contratos con administraciones de todo signo político.
Con las cartas que medios y partidos han ido poniendo sobre la mesa, el tema del chalet familiar solo carga de más polémica la mochila de la controversia con la que carga Peinado, que no deja de moverse entre críticas.
En otro orden de cosas, lo cierto es que es en esta zona el juez Peinado inició su carrera judicial. En cuanto al polémico inmueble, se sitúa a escasos cinco minutos del municipio familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y está ubicado en la provincia de dirigentes que han tenido enorme peso en la política nacional, como Pablo Casado, Ángel Acebes o Sebastián González Vázquez.
Juan Carlos Peinado nació el 27 de septiembre de 1954 -actualmente tiene 69 años-, entre 1979 y 1980 -con 25 años- se presentó a todo tipo de oposiciones, pero sin éxito, y es que suspendió un total de nueve veces. Con ello, no es hasta un año después cuando consigue plaza. Lo hace en el Ayuntamiento de Lominchar (Toledo), localidad de menos de 5.000 habitantes. Después logra formar parte de los 69 secretarios de 2ª, donde obtiene el puesto 50.
Su trayectoria a partir de ahí se desarrolla en municipios pequeños- de entre 5.000 y 20.000 habitantes-, entre ellos Torres de Alameda (Madrid), Villatobas (Toledo) -le aprobarían una permuta para volver del segundo al primero-, Higuera de las Dueñas o Fresnedillas, ambos de Ávila -quedan claros sus nexos profesionales con esta provincia- y este segundo de 17 habitantes.
En 1994 -desde 1989 y hasta entonces desconocemos a qué se dedica- cuando accede a la judicatura por cuarto turno, siendo uno de los 15 afortunados que consiguieron plaza en el Centro de Estudios Judiciales. En su caso, fue destinado al Juzgado de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro, nuevamente en Ávila. Desde aquí, se mueve entre las comisiones de servicios y los concursos de traslado, siendo alguno de sus destinos Talavera de la Reina (Toledo) -entre 1997 y 2004-, donde se produce uno de los polémicos episodios relatados por este periódico, o Getafe -entre 2005 y 2012-.
Varios nombramientos por el PP le avalan, aunque no fueran directamente a él. Por ejemplo, en 2010 la Comisión Permanente del CGPJ le concedió una comisión de servicio con relevación de funciones para la Secretaria General de Modernización y Relaciones del Ministerio de Justicia. Estaba presidida por el actual diputado al Congreso del PP, Fernando de Rosa Torner. Siguiendo esta senda, entre 2012 y 2015 pasa al juzgado de lo Penal 7 de Madrid al ser su antecesora Cristina Díaz Márquez nombrada Directora General de Política Interior por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Actualmente, y desde una segunda sustitución a Díaz Márquez, Peinado permanece en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
Al margen de lo contado hasta estas líneas, son llamativas son las mencionadas sustituciones en comisiones de servicio al tratarse la jueza a la que toma al relevo de una antigua portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en la Comunidad de Madrid, ex alto cargo de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes y muy polémica por algunas de las decisiones adoptadas, como el archivo de una denuncia contra un borrado masivo de los ordenadores del complejo de la Moncloa coincidiendo con la salida de la presidencia del Gobierno de José María Aznar, o las ruedas de prensa ofrecidas como portavoz de Interior durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.
Más allá de lo que compete a su carrera profesional -cuya última publicación data del 30 de abril de 2024 y que acabará el septiembre de 2026- existen más hechos concretos que no pasan desapercibidos. Rebuscando en la hemeroteca, encontramos que en 2013 su nombre estuvo incluido entre los candidatos de la APM para la renovación del CGPJ que, cierto es, no se tradujo en su elección. Cabe destacar que la actual presidenta de la APM es desde 2018 la decana de Plaza de Castilla, decanato que recibió la denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Begoña Gómez que el propio organismo reconoció podía estar lleno de noticias falsas. Peinado, no está de más incidir, ha colaborado en varias jornadas organizadas por la asociación conservadora.
El juez que abrió diligencias contra la mujer de Sánchez también pidió una plaza de refuerzo del JCI Nº6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el polémico Manuel García Castellón. Sin embargo, finalmente fue seleccionado por la Comisión Permanente del CGPJ Alejandro Abascal, miembro cualificado de la APM.