LOS ARTICULOS DE LA LEC PRÓPIOS DEL JUEZ PEINADO

 

EL JUEZ PEINADO SE INVENTA ARTICULOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, ESTO ES UNA PREVARICACIÓN DE LIBRO Y DEMUESTRA LA MALA INTENCIÓN DEL JUEZ PREVARICADOR.

Al juez Peinado le han denunciado por prevaricador. Se veí venir y se lo estaba buscando.

• Peinado impuso que Pedro Sánchez declarara presencialmente. Se trata de una decisión injustificable jurídicamente, es decir, haciendo uso de las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho. Con ello el juez sustituyó la voluntad del legislador por la suya propia, que es en lo que consiste el delito de prevaricación

• De ahí que la querella se centre en el desconocimiento por parte del juez instructor del “privilegio procesal” que asiste al presidente del Gobierno de responder “por escrito” a las preguntas que se le formulen sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo (art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

  Se trata de un “privilegio” que no ha dejado de estar presente en el ordenamiento español desde 1882, como se recuerda en el texto de la querella: “Cabe añadir que el artículo 412 fue modificado por la Ley Orgánica 12/1991, de 10 de julio, pero la exención de comparecer, con declaración por escrito, del jefe del ejecutivo, se ha mantenido en la norma rituaria penal desde su texto original de 1882 (y de hecho se mantiene en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en tramitación, artículo 659).  

  La interpretación de dicho privilegio ha sido ininterrumpida de la manera más absoluta. No ha habido ni una sola excepción en siglo y medio hasta este pasado martes. 

  Y es una excepción que se ha producido sin motivación alguna. El juez Juan Carlos Peinado no ha dado ni un solo argumento de por qué en esta ocasión el presidente del Gobierno Pedro Sánchez debía prestar declaración presencialmente, a pesar de que el propio presidente le había recordado por carta el 24 de julio que “con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de Presidente del Gobierno”.

  A pesar de ello, Juan Carlos Peinado (y su sustituto, el juez Carlos Valle y Muñoz-Terrero) decidió excepcionar la vigencia del artículo 412 de la LECrim para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e impuso que declarara presencialmente. Se trata de una decisión injustificable jurídicamente, es decir, haciendo uso de las reglas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho.

  Con ello el juez sustituyó la voluntad del legislador por la suya propia, que es en lo que consiste el delito de prevaricación. La Abogacía del Estado ha solicitado que se practique la diligencia de tomar declaración al juez Carlos Valle y Muñoz-Terrero para que explique si hace propio“ el contenido de la decisión de Juan Carlos Peinado o fue expresión del parecer exclusivo del querellado, porque, de su respuesta depende que él también haya cometido el delito de prevaricación. 

  Este es el delito de prevaricación en defensa de la Presidencia del Gobierno en el que se centra la Abogacía del Estado. 

  En mi opinión, el Juez Juan Carlos Peinado ha cometido otros varios delitos de prevaricación. Begoña Gómez, el Rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés también pueden querellarse contra él por prevaricación. En estos casos en defensa propia y no de la institución presidencial como ha hecho la Abogacía del Estado.  

• EL JUEZ PEINADO SABE MUY BIEN LO QUE HACE, ESTÁ EN EDAD DE JUBILACIÓN Y SI LE ABREN EXPEDIENTE SE JUBILA Y TAN LIMPIO DE SE JUBILA Y A ESPERAR QUE EL PP LE PAGUE LOS SERVICIOS PRESTADOS

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MORIR DE EXITO: EL TURISMO

 YA LO DECIAN EN LA PELICULA DE PEDRO MASÓ CON PACO MARTINEZ SORIA Y JOSE LUIS LÓPEZ VAZQUEZ: EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO

Cierto, pero tambien es depredador y contaminante. ¿Qué queda de la Mallorca de los años sesenta, donde iban las parejas de recien casados? Nada. Todo está masificado y por triplicado. 

Hay playas preciosas que los locales las intentan preservar de las masas que las ocupan y las ensucian. El turista es un ser depredador por naturaleza, llega a un sitio y lo trata como si el fuera el dueño, le da igual que sea el Partenon de Grecia como la playa de El Arenal de Palma de Mallorca.

Despues de muchos años viajando, pero viajando, he llegado a la conclusión de "que no es que muera de exito, es que se va fagotizar él mismo". Este año han vuelto las masas de turistas a salir disparadas al pistoletazo del 15 de julio. Lo han ocupado todo. 

En el mediterraneo han llegado hasta japoneses a sitios que no habían pisado nunca. Las playas pequeñas para uso de los locales se han visto desbordadas por las masas ansiosas de mojarse el culo. Ese sabor de lo local ha desaprecido por la llegada de las hordas de turistas de todo pelaje y condición. Los restaurantes locales que eran agradables de disfrutar se han vuelto insufribles a las voces y risotadas de los de la mesa de al lado que quieren demostrar que lo están pasando muy bien y para que nos enteremos todos rebuznan carcajadas a todo volumen.

Esta semana pasada en la costa mediterranea en un restaurante de los caros, en una mesa próxima, unas ocho personas competian a ver quien pegaba el rebuzno más fuerte. La cosa llegó a un nivel  que se le advirtio al camarero "que nunca antes se habían soportado semejante espectaculo". Cuando nos fuimos nos despedimos del dueño, lo conocemos desde hace años, y la comentamos lo pasado, no dijo nada. Otro sitio al que ya no vuelvo a ir. No era un chiringuito  de playa es un restaurante de 200 euros para dos personas. 

Las hordas de turistas llegan y arrasan sin miramientos. Lo mismo se saludan pegando gritos que arrastrando las sillas para hacer grupo y rebuznar al unisono.

En Barcelona los habitantes  de la ciudad están que no aguantan más los miles de turistas que  todos los días desembarcan de los cruceros como si lo hiceran en las playas de Normandia. Lo arrasan todo con la bendición del comercio que les atraca con paellas congeladas y les cobran como si fueran del gran  Alfonso Camorra de Riscal, donde comí mis primeras patatas suflé con siete años.

La calidad del servicio se resiente y no es agradable comer cuando un niño no para  gritar ante las risas de padres y  abuelos. Para sus padres y sus abuelos erá muy divertido oirle pegar grtos como si le despellejaran vivo. En una ocasión un niño no paró de berrear como si le estuvieran matando, cuando salí le comenté al padre "le duelen los oidos, al niño." "No, me contestó el padre, es que nos gusta oirle". 

Esto es la masificación del turismo, los trenes llenos y todo desbordado. Llega el mes de octubre y en esos chiringuitos ruidosos no va nadie. Eso es la estacionalidad del turismo, del que ya escribí hace más de 60 años.

El turismo es un gran invento, es como la bomba atomica, que decía mi primo Vitorino.

TIRO CON NARCO Y RELEVO

TIRO CON NARCO Y RELEVO. PARA LAS OLIMPIADAS ESPAÑOLAS. 

ESTAS SON LAS MODALIDADES EN LA QUE ESPAÑA, LA DE VOX Y EL PP, DESTACAN. FEIJÓO CON EL NARCO UBIÑA DE PASEO EN EL BARCO DEL NARCO . EÑ RELEVO GENERACIONAL DEL DICTADOR AL DESIGNADO Y SU PROLE. TODO MARCA ESPAÑA.

UN JUEZ CHAPUZA Y PREVARICADOR: JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA

 

JUAN CARLOS  PEINADO ES UN JUEZ CHAPUZAS Y PREVARICADOR. ACTUA CON DESCARO Y DESVERGÜENZA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ. ¿QUIÉN PONE LIMITES A SEMEJANTE CUATRERO DEL DERECHO.

Aquí está la primera gran anomalía de esta instrucción, que nunca debió arrancar. Porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice de forma muy clara que no se pueden aceptar a trámite denuncias o querellas que consistan en “la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”. Un criterio que al juez Peinado le dio exactamente igual. 

3. La causa relativamente secreta

El juez Peinado, con esa denuncia de Manos Limpias, puso en marcha una investigación judicial y decretó el secreto de sumario. Acto seguido, comunicó al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se había iniciado esa investigación “secreta”, para que lo contara a los medios. La noticia se publicó por tierra, mar y aire.

Segunda rareza del secreto a voces del juez Peinado. Tras sus primeras diligencias, el juez Peinado se tomó el “secreto” de forma asimétrica. Facilitó buena parte de la documentación de la causa a una de las acusaciones, Vox, pero no al abogado de Begoña Gómez. Es algo bastante irregular. El periodista Max Pradera ha presentado una querella por revelación de secretos sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no se ha pronunciado. 

 La segunda acusación de Manos Limpias tenía que ver con un concurso público que ganó una empresa de Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet. Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirige iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

¿Y la tercera cuestión? Pues ese bulo de una subvención a otra Begoña Gómez: una empresaria cántabra que se llama igual que la mujer del presidente del Gobierno y a la que ni siquiera le dieron subvención alguna. Tan solo la pidió.

5. La Guardia Civil no ve delitos 

El juez Peinado encargó a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigara la denuncia de Manos Limpias. La UCO elaboró un extenso informe de casi 120 páginas. Su respuesta es contundente: no hay indicios de ningún delito. Ni en el patrocinio de Air Europa que no se pagó, ni tampoco en la declaración de interés a favor de Barrabés, un documento que no tuvo ninguna influencia en la adjudicación. 

Pese al revés, el juez Peinado insistió. Y pidió a la Guardia Civil un segundo informe sobre los correos y pliegos de las adjudicaciones ganadas por las empresas de Barrabés. De nuevo agua. Para la Guardia Civil, sigue sin haber indicios de delito. 

6. Una causa general

Mientras tanto, pasaron dos cosas más. La primera, que la Audiencia de Madrid le dijo al juez que no veía indicio alguno en el tema de Air Europa y que se centrara en lo de Barrabés; de paso, cuestionó su decisión de mantener la causa bajo secreto sin justificación. La segunda, que la Fiscalía Europea reclamó el tema de Barrabés, al tratarse de fondos europeos.

Lo esperable en este caso había sido el cierre de la instrucción. Básicamente, porque Peinado se había quedado sin temas que investigar. Pero esto tampoco lo frenó. No solo ha seguido investigando sin nuevos indicios ambos temas (lo de Air Europa, lo de Barrabés). Sino que también ha abierto un nuevo frente, que no aparecía en la denuncia: la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense. 

En un auto, el 1 de julio, el juez Peinado explicó exactamente qué es lo que está investigando. Y la frase es peculiar.

“Los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la Unión Temporal de Empresas constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea.”

En resumen: el juez Peinado investiga TODO lo que haya podido hacer Begoña Gómez desde que Sánchez es presidente. Cuesta encontrar un ejemplo más claro de investigación prospectiva, a ver qué puede pescar. NO PUEDE HABER MÁS INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA, PROHIBIDA, QUE LO BUSCADO POR PEINADO.

8. Que declare el esposo Sánchez, pero no como presidente

Primero Barrabés. Después el rector. Y el siguiente “testigo” que ya puede imaginar por dónde va el juez es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Su citación como testigo es extravagante. Y no solo porque el juez Peinado se invente dos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal. 

Primero, por los plazos. No conozco muchos juzgados que lleven esta velocidad: donde citen a los testigos de una semana para la siguiente o, en algunos casos, en domingo. 

Segundo, por lo que pide el juez. El presidente del Gobierno, en cualquier asunto que tenga relación con el cargo que ocupa, tiene derecho a responder como testigo por escrito ante un tribunal. Pero el juez quiere que la declaración sea en persona y grabada en vídeo. De hecho, en su providencia dedica más párrafos a explicar cómo hay que grabar el vídeo –una grabación que seguro será después filtrada a los medios– que a explicar por qué le pide testificar.

Para justificar que no responda por escrito, el argumento es que se trata de unos hechos que “no tienen que ver con el cargo que ocupa”. Pero, ¿cómo encajar esto con la propia explicación de Peinado, cuando aseguró que investiga “todos los actos” de Begoña Gómez “desde que su esposo es presidente del Gobierno”?

Hay otra cuestión más. Los familiares directos de una persona investigada tienen derecho a no responder como testigos. Es decir, que Sánchez no solo no tiene la obligación de declarar sino que el juez sabe perfectamente que es improbable que lo haga, igual que hizo su mujer.

Pese a todo, Peinado ha decidido desplegar un circo en La Moncloa cuyo único objetivo es evidente, igual que cuando decidió imputar a Begoña Gómez en plena campaña electoral. 

Porque todas las anomalías y chapuzas de esta instrucción judicial van siempre en la misma dirección. Solo se entienden desde el prisma político. Solo se explican así.  

Me cuesta creer que la Audiencia de Madrid pueda avalar una investigación penal así. Pero con su decisión de retrasar la respuesta todos los recursos hasta el 30 de septiembre ya ha movido ficha. Van a dejar que el circo del juez Peinado continúe un poco más.

QUEDA CLARO JUAN CARLOS PEINADO ES UN PREVARICADOR CHAPUZAS Y DESCARADO, SI NADIE LO CONTROLA, NO PARECE QUE LO QUIEREAN CONTROLAR, HABRA QUE IMPLICAR A OTRAS INSTANCIAS EN ESTA MANIOOBRA AL SERVICIO DEL PP.

LA GUERRA SUCIA DE LA POLICIA POLITICA DE M. RAJOY Y SU PRENSA EN EL BANQUILLO

 

Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe

• El juez de la Audiencia Nacional cita como testigo al máximo responsable de Extranjería en la Policía durante la época del PP y la brigada política en el marco de la causa sobre la guerra sucia contra Podemos

• La investigación de la guerra sucia contra Podemos, que practicó el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del Partido Popular, avanza en la Audiencia Nacional con la citación del que fuera entonces máximo responsable en la Policía de de Extranjería y Documentación. El comisario jubilado Emilio Baos ha sido citado como testigo por el juez Santiago Pedraz para que explique el próximo 11 de julio la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en una banco de Granadinas, en el Caribe. 

    

• Entre las maniobras que accedió el juez a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. 

  Podemos ha incorporado a la causa un documento ante notario en el que el ciudadano venezolano Carlos Arias asegura que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

  El documento fue aportado por la defensa de Eduardo Inda, en la demanda civil que Iglesias presentó por intromisión en el derecho al honor contra el director de Okdiario. La justicia resolvió que el periódico había realizado las comprobaciones necesarias y desestimó en dos ocasiones las reclamaciones del antiguo líder de Podemos. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, han descartado que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank. 

  Sabotear un gobierno de izquierdas

  La publicación del citado bulo se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE.

• El ministro del Interior Jorge Fernadez Díaz dirigió todas lasoperacioenes contra Podemos. El "panfleto OK Diario de eduardo Inda" era su portavoz. Esto es juego sucio muy del estilo de M. Rajoy

LOS FACHAS ESPAÑOLES Y SU PRENSA SE QUEDAN CON LAS GANAS

 

La unión de la izquierda gana las elecciones en Francia y frena a la extrema derecha

• El Nuevo Frente Popular es la fuerza más votada, con 182 escaños. El segundo lugar queda para la coalición de Emmanuel Macron, que obtiene mejores resultados de los esperados, con 168 diputados, frente a los 143 del bloque ultra de Le Pen

• FEIJÓO Y ABASCAL SE QUEDAN CON LAS GANAS.
• Feijóo es gafe, cenizo. Se arrimó a Le Pen y se han quedado con las ganas, sí, claro que Feijóo se ha arrimado a los ultras sin ninguna duda que se ha arrimado a los ultras, o acaso Vox con Abascal no es un ultra. Abascal se trajo a Le Pen y ahora se ha arrimado a Orban, pues esos son los ultras europeos.
• Una lectura rapida a la prensa española y es evidente que los de la derecha, El Mundo, El Abc, El Español y ... no han recibido bien que sea la izquierda, Melenchón es izquierda pura, la ganadora de las elecciones.
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•  Vuelco en Francia. Rompiendo todas las encuestas, la unión de la izquierda del Nuevo Frente Popular, compuesto por La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista, Ecologistas y Partido Comunista Francés, gana la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia y logra frenar el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen, que partía como gran favorita.

La extrema derecha ve esfumarse su sueño de gobernar en Francia

A ver si la izquierda española aprende.

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FEIJÓO SOBRE BEGOÑA GOMEZ NO SE HACE EL TONTO, ES QUE LOS ES DE CONCURSO

 

FEIJÓO CON MODOS Y MANERAS DEL NARCO MARCIAL DORADO.

Dice Feijóo: si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene nada que ocultar, no entiende por qué no declaró este viernes

PORQUE NO LE HABÍAN CONUNICADO PORQUÉ LA IBAN A PREGUNTAR.

Esto es de primero de Derecho, pero el tonto de Feijóo no sabe ni eso y pretende ser presidente del Gobierno, no lo ha sido porque no ha querido.

Ahora Feijóo se da el pico con los ultras y sobre Francia prefiere no contestar para no enfadar a Vox.

Va para un año que perdiste la ocasión, ahora te toca esperar y, en la oposición hace mucho frio. Hasta en agosto.

RAFAH DESTRUIDA POR ISRAEL

 

ISRAEL SERÁ UN ESTADO DEMOCRATICO PERO SU GOBIERNO DE NETANYAHU ES UN GOBIERNO GENOCIDA APOYADO POR LOS ESTADOS UNIDOS

Israel muestra por primera vez imágenes de una Rafah devastada tras semanas de ataque

ESTO ES UN GENOCIDIO EN TODA REGLA

Desde el comienzo de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, las fuerzas israelíes han atacado por tierra, mar y aire la Franja, dejando más de 38.100 muertos y 87.700 heridos, la mayoría de ellos civiles, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

EN LA CISJORDANIA ISRAEL CONTINUA CON LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES EN UN CLARO ATAQUE A LA ONU Y EN UNA OCUPACIÓN ILEGAL. A ISRAEL LA LEGALIDAD INTERNACIONAL NO LE PREOCUPA. ELLOS VAN A SU GENOCIDIO CALCULADO.

ALGO HUELE A PODRIDO EN EL SISTEMA JUDICIAL

 

Algo huele a podrido en el sistema de justicia

• Ese hedor en la Corte Suprema de EEUU que denuncia el profesor Tribe tras el fallo sobre Trump es el mismo que desprende la Sala Segunda del Tribunal Supremo en España en los casos de la amnistía y los ERE

• El pasado 1 de julio, The New York Times publicó un artículo de Laurence H. Tribe –de quien se dice expresamente que “enseñó Derecho Constitucional durante 50 años en la Universidad de Harvard”– con el título 'The Trump Decission Reveals Deep Rot in the System' ('La descisión sobre Trump revela ua putrefacción profunda en el sistema').

  Se trata de la decisión en el caso Trump vs. Estados Unidos, en la que la Corte Suprema tenía que hacer frente a la cuestión de la inmunidad de Donald Trump por los crímenes mientras había sido presidente de los que le acusaba el special counsel Jack Smith. “La respuesta debía haber sido obvia”, dice el profesor Tribe. “Un presidente no puede cometer crímenes dirigidos a obstruir la transferencia pacífica del poder sin tener que hacer frente a las consecuencias de dicha obstrucción”. Y añade: “No conozco ningún caso en que un tribunal haya considerado nunca que un presidente puede ser inmune penalmente bajo ninguna circunstancia”.

  La Corte Suprema se ha pasado varios meses maniobrando para que no se celebrara el juicio en el que se analizara la obstrucción de Donald Trump a la transferencia pacífica del poder tras las elecciones de 2020. En primer lugar, rechazó la demanda del special counsel de pronunciarse directamente sobre la posible inmunidad de Donald Trump sin necesidad de que tuvieran que hacerlo previamente instancias inferiores, ya que era evidente que el tema iba a acabar ante la Corte Suprema. Los jueces de la Corte se rasgaron las vestiduras ante tal propuesta y obligaron al special counsel a recorrer dos instancias, la primera ante un juez federal y la segunda en la apelación ante un Tribunal colegiado. En ambas instancias la respuesta fue inequívoca respecto de la exigencia de responsabilidad penal del presidente. La segunda fue una decisión per curiam y, a tenor de lo que han escrito los profesores más acreditados, de una calidad extraordinaria. 

  Pues bien, una vez que el asunto llega a la Corte Suprema, han transcurrido diez semanas hasta que la Corte ha tomado una decisión, en la que no solo distingue distintas esferas en la conducta del presidente: en una de ellas impone inmunidad absoluta; en otra impone presunción de impunidad muy difícil de destruir por la acusación, y en la última considera que no tiene impunidad limitada a los asuntos exclusivamente privados. Además, devuelve el caso al juez de primera instancia para que haga el deslinde de la conducta de Donald Trump en esas tres esferas, deslinde que se verá sometido a recursos en cada paso que dé y que hacen imposible prefigurar en qué momento se podrá tomar la decisión. En ningún caso antes de noviembre. Y dependiendo del resultado, nunca.

  La Corte, por 6 a 3, tomó la decisión, contribuyendo de esta manera a sustraer información relevante, sumamente relevante, al cuerpo electoral, con la finalidad obvia de favorecer la elección de Donald Trump en noviembre. El profesor Tribe se extiende en explicar por qué esa decisión es un indicador de una profunda corrupción instalada en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. 

  Ese olor a podrido en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que el profesor Tribe denuncia en su artículo, es el mismo que desprende la Sala Segunda del Tribunal Supremo en España. 

  Hay dos casos que está en este mismo momento ocupando la atención de la opinión pública, que ponen de manifiesto la falta de imparcialidad de la Sala Segunda del TS y su subordinación a la estrategia política de las derechas españolas en general y a la del PP en particular.

  La primera es la interpretación de la recientemente aprobada Ley de Amnistía. Ya he explicado en dos artículos anteriores que se trata de una operación para intentar boicotear la investidura de un president de la Generalitat y que supone una subversión del principio de legitimidad democrática, en el que descansa todo el sistema político y el ordenamiento jurídico de nuestro Estado democrático de Derecho, como el de cualquier otro digno de tal nombre. 

  La interpretación del TS del alcance de la amnistía para el delito de malversación tal como figura en la Ley recientemente aprobada subvierte el sistema democrático de la manera más radical posible, transmitiendo con ello un mensaje a las derechas españolas de que no tienen que preocuparse de negociar ningún asunto en las Cortes Generales, porque será el propio TS el que decida lo que las Cortes Generales hayan aprobado. El Auto del TS supone una patente de corso para el PP y Vox. Que la mayoría parlamentaria apruebe lo que quiera, que yo me encargaré de darle la vuelta. Es imposible que un sistema democrático pueda opera con un poder judicial que se declara en rebeldía contra el Parlamento. 

  Y que lo hace, además, de manera cobarde. A pesar de que se han pasado semanas hablando de la anticonstitucionalidad y de la incompatibilidad de la ley de amnistía, cuando llega la hora de la verdad, los magistrados se arrugan y no tiene el valor de presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque en su fuero interno saben que la Ley de amnistía ni va contra la Constitución ni contra los Tratados.

  El caso de los EREs es de la misma gravedad. La aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos es el máximo acto de dirección política que existe en un sistema parlamentario de Gobierno. El Consejo de Ministros, en el caso del Estado, y el Consejo de Gobierno, en el caso de una Comunidad Autónoma, ejercen en régimen de monopolio, por mandato de la Constitución o del Estatuto de Autonomía, ese máximo acto de dirección política, que es la primera tarea que tienen asignada. Es un acto de dirección política que no tiene más valor que el de posibilitar que las Cortes Generales, en un caso, y el Parlamento de la Comunidad Autónoma, en el otro, puedan ejercer la potestad presupuestaria. El Presupuesto, como todas la leyes sin excepción, es un acto exclusivamente parlamentario desde una perspectiva constitucional. No hay un átomo de acto administrativo en los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma. Hay un acto de dirección política en la aprobación del Proyecto de Ley. Y un acto puramente parlamentario en la tramitación y aprobación por las Cortes Generales o el Parlamento de la Comunidad Autónoma.

  En consecuencia, en todo el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos y en su tramitación parlamentaria no se puede cometer el delito de prevaricación, porque no existe el acto administrativo presupuestario, que es el presupuesto de hecho indispensable para dicho delito.

  Esto ha sido desconocido por la Audiencia Provincial de Sevilla, en primer lugar, y por el TS, a continuación. Lo he repetido en innumerables ocasiones durante muchos años. Condenar por un delito imposible. Esto es lo que han hecho la Audiencia Provincial de Sevilla y el TS. 

  ¿Desconocen ambos órganos judiciales como está definida la potestad presupuestaria en a Constitución y en los Estatutos de Autonomía? ¿Dónde hay un acto administrativo presupuestario, con base en el cual se puede haber cometido el delito de prevaricación? ¿Dónde han estudiado derecho estos magistrados?

  Un mínimo de dignidad obligaría al actual presidente de la Junta de Andalucía a dejar de decir los disparates que está diciendo.  

   ¿lo desconocen o lo ignoran? 

EL SUPREMO DE MANUEL MARCHENA MARCA SU TERRITORIO

 MANUEL MARCHENA: ¡A MI CON ESAS NO ME VENGAN!

Yo aún estoy atónito con la interpretación de la ley de amnistía que ha hecho el Tribunal Supremo. No es que no me lo esperase: en cartas anteriores ya te adelanté que iba a pasar. Igual que pronto ocurrirá el jaque contra el fiscal general que, hace unos sábados, te anuncié. O, en otra pista del mismo circo, la injustificada investigación penal contra Begoña Gómez. 

Todo va según lo previsto –y sin duda no es casualidad–. Pero, por esperadas que sean, las cosas que pasan en la Justicia española nunca dejan de sorprenderme. 

La ley de amnistía es clara para cualquier hispanohablante normal. Quedan amnistiados los delitos del ‘procès’ independentista catalán, también la malversación, “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”. 

¿Y en qué consiste el enriquecimiento? Cualquier diccionario que se consulte lo explica bien: hacerse rico. Por si hubiera alguna duda, otro artículo de la ley de amnistía lo acota aún más: no se considerará enriquecimiento “cuando no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

Ni Puigdemont, ni Junqueras, ni Romeva, ni Ponsatí, ni Comín, ni Turull ni ningún otro de los líderes independentistas se llevaron un solo euro del intento de secesión catalán. No se enriquecieron. Tampoco era ese su “propósito”. No hubo ningún “beneficio personal de carácter patrimonial”.

Lo que es obvio para cualquier hispanohablante medio que conozca los hechos no lo es para la Sala de lo Penal que los juzgó. El Tribunal Supremo –sin unanimidad– ha decidido interpretar la ley de amnistía de una manera más que peculiar. Es una suerte de derecho penal de autor: una cocina creativa, digna de Ferran Adrià. De la tortilla deconstruida del genial chef catalán pasamos –con menos arte– al enriquecimiento sin riqueza del Tribunal Supremo español. Son los mismos que han visto terroristas sin terrorismo en otra investigación penal contra Puigdemont. 

En el Supremo argumentan que sí hubo un “beneficio patrimonial”: porque pagaron con dinero público un referéndum que, de otra forma, habrían tenido que sufragar de su bolsillo. Y que por tanto ese ahorro les enriqueció. 

Es una interpretación que ha dejado atónitos a buena parte de los juristas. Perfecto Andrés Ibañez, juez emérito de la Sala Segunda del Supremo –ya jubilado–, lo explicaba con una brillante metáfora en un reciente correo que envió a varios jueces. 

“Hubo un tiempo, el del famoso mayo del 68, en que jóvenes airados reclamaban el acceso de ‘la imaginación al poder’. Como se sabe, los tiempos cambian. Hoy la consigna, proclamada por altísimos togados en papel de oficio, podría ser: ‘la imaginación a la jurisprudencia’... aunque sea contra el diccionario”.

La imaginativa interpretación que ha aplicado el Supremo para no cumplir con la amnistía tiene algunos agujeros muy notables, y no solo desde el punto de vista semántico. Al menos son tres:

El primero: que la Sala de lo Penal del Supremo está reescribiendo los hechos de su propia sentencia sobre el procés catalán. En la condena a los independentistas que ahora se niegan a amnistiar, el Supremo no vio ningún enriquecimiento personal. A ninguno de los condenados se les acusó de haberse enriquecido. Solo ahora, cuando la amnistía ha entrado en vigor, estos jueces han llegado a esta rocambolesca conclusión.

Por entenderlo mejor: en aquellos casos en los que un condenado por malversación se ha enriquecido con ese delito, lo habitual es que también se le condene a devolver el dinero. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con un catedrático de la Universidad del País Vasco que malversó más de 200.000 euros. La sentencia no solo le condena a cárcel: también a devolver lo robado. No es eso lo que hizo el Supremo, que simplemente derivó al Tribunal de Cuentas el cálculo de la responsabilidad civil por esa malversación, pero sin ver en los hechos juzgados ningún enriquecimiento de los líderes del procés. 

El segundo agujero: que en derecho las interpretaciones extensivas de la ley, como la que el Supremo plantea, solo pueden estar justificadas cuando esa norma es ambivalente y una de las interpretaciones beneficia al reo: al acusado. Ninguna de esas dos premisas se cumple hoy: la ley es bastante clara y la interpretación que se inventa el Supremo es contra el reo, no a su favor.

El tercero, que este inédito auto del Supremo contrasta con la decisión que tomó, hace escasos días, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Estos jueces sí decidieron aplicar la amnistía al exconseller Miquel Buch, que también fue condenado por malversación. Y lo hicieron interpretando la ley en su literalidad: si no hubo enriquecimiento hay que amnistiar. Según explica en su auto este tribunal: “Otra interpretación dejaría sin contenido la amnistía en los casos de malversación de caudales públicos no deduciéndose del tenor de la ley una exclusión general”.

Esa separación de poderes es muy fácil de entender: corresponde al poder legislativo escribir las normas. Y al poder judicial su aplicación: no su reescritura.

Lo explicó muy bien en su momento Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense: si no sometemos a los jueces a estrictas reglas a la hora de interpretar las leyes, cualquier sistema constitucional terminará por convertirse en una tiranía de dichos jueces, puesto que las leyes, incluso la constitución misma, acaban siendo “un objeto de cera que los jueces pueden moldear y acabar dándole la forma que ellos quieran”.

El auto del Supremo negando la amnistía, cuyo ponente es Manuel Marchena, está trufado también de críticas políticas nada veladas al poder legislativo, tan impropias como contraproducentes para su imagen de imparcialidad. También cuestiona la constitucionalidad de la ley: el Supremo presentará más adelante una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

Todo ello parece formar parte de un calculado plan; de una partida de ajedrez. Es la manera más eficaz de retrasar todo lo posible la aplicación de la ley de amnistía.

Tras la estrambótica decisión de no aplicar la amnistía, los abogados de los líderes independentistas recurrirán. Primero ante el Supremo, que volverá a decir que no. Después, en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En circunstancias normales, ese amparo se resolvería por una vía relativamente rápida: en unos seis meses, al tratarse de una cuestión que afecta a derechos fundamentales. Pero el plan del Supremo es un doble cierre: plantear también una cuestión de inconstitucionalidad, que fuerce al Tribunal Constitucional a resolver ese recurso antes que los amparos de los independentistas.

Es la vía más eficaz para retrasar lo máximo posible la entrada en vigor de la amnistía. Y también tiene otra ventaja para el Tribunal Supremo: que tenga que ser el Tribunal Constitucional quien les obligue a cumplir esa ley. Algo que también explica la estrategia del Partido Popular, que ahora niega la legitimidad de este tribunal. Como hacen permanentemente con cualquier institución democrática donde ellos no manden.

ESTA ACTITUD TIENE UN NOMBRE: FILIBUSTERISMO