JORGE FERNANDEZ DÍAZ MINISTRO DEL INTERIOR Y BEATURRO, MARIANO RAJOY BREY, M. RAJOY PRESIDENTE DEL GOBIERNO. FRANCISCO MARTINEZ, SECRETARIO DE INTERIOR. IGNACIO COSIDO, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA Y MANEJADOR DE LA SALA SEGUNDEL TRIBUNAL SUPREMO DESDE ATRAS. LAS JOYAS DE LA CORONA DEL PP.
En el seno del Ministerio del Interior, uno de los departamentos con mayor poder del Gobierno, se urdió en 2013 un plan para espiar a Luis Bárcenas. El extesorero del PP se había revelado como una pieza clave del entramado de corrupción del caso Gürtel y, tras conocerse la fortuna que amasaba en Suiza, acabó con sus huesos en la cárcel. En enero de ese año, además, EL PAÍS había publicado los famosos papeles de Bárcenas, que demostraron que los conservadores contaban desde hace años con una caja b. La tensión en la formación, por tanto, era máxima. El excontable popular amenazaba con tirar de la manta y se había convertido en la mayor amenaza política para el partido que ocupaba La Moncloa, con Mariano Rajoy como presidente.
Este contexto resulta fundamental para entender la Operación Kitchen, que se ha sometido a juicio en la Audiencia Nacional desde el pasado abril hasta esta última semana, cuando ha quedado visto para sentencia. En el banquillo se ha sentado la antigua cúpula de Interior de Rajoy —con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza—, acusada de impulsar un despliegue “parapolicial” para espiar a Bárcenas y su entorno con el objetivo de robarle documentación “comprometedora” que aún guardaba de altos cargos del PP para que, de esta forma, no llegara al juez del caso Gürtel. “[Querían] obstaculizar y boicotear ese procedimiento”, arremetió el fiscal César de Rivas, que reclama 15 años de cárcel para el propio Fernández Díaz; para su mano derecha, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y para Eugenio Pino, que fue máximo jefe operativo de la Policía Nacional.
Los tres miembros del tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, deberán dictar ahora sentencia tras valorar si prevalece la tesis de las acusaciones —apoyada en audios y documentación intervenida al comisario José Manuel Villarejo, en la confesión de un alto mando policial que participó, en el testimonio del principal investigador de Gürtel y en mensajes telefónicos entregados por Martínez con detalles sobre la trama, entre otras pruebas o indicios—. O si, al contrario, aceptan los argumentos de las defensas, que se escudaron en que solo pusieron en marcha una “operación legal de inteligencia” para buscar el dinero que Bárcenas ocultaba en el extranjero y sus testaferros: “Prácticamente, una operación de Estado. En el momento en que se descubre que tiene cuentas en Suiza, eso es una hecatombe. Y hay un interés nacional legítimo por averiguar qué relaciones económicas puede tener Bárcenas”, alegó el abogado del ex secretario de Estado.
A la salida de una de las sesiones del juicio, el exministro Fernández Díaz, un ultracatólico declarado, espetó a los periodistas: “La verdad nos hará libres”. Le corresponde al tribunal establecer, al menos, una verdad judicial en una primera sentencia —para la que no hay fecha prevista, pero que no se espera hasta después de agosto—. En su texto, los magistrados no solo deberán resolver sobre la culpabilidad o inocencia de los ocho acusados. También tendrán la oportunidad de abordar otras cuestiones clave. Estas son algunas:
El valor de los audios y agendas de Villarejo. En sentencias anteriores, la Audiencia Nacional ya ha concedido credibilidad a las grabaciones que el comisario José Manuel Villarejo hizo de forma subrepticia durante años y que fueron localizadas al detenerlo en 2017. Entre ese material se hallaron los audios que desvelaron Kitchen: conversaciones que mantuvo con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que la trama captó como confidente y al que pagó miles de euros de los fondos reservados. En uno de esos archivos se escucha cómo el policía le insta a “darle al tarro para encontrar ese pendrive” donde Bárcenas almacenaba supuestas conversaciones con Rajoy y Javier Arenas sobre la caja b. En otro, cómo el comisario y el secretario de Estado hablan de la “preocupación” en el PP por los informes del caso Gürtel.
Las defensas han pedido anular esas grabaciones —una maniobra sobre la que deberá pronunciarse el tribunal y que ha caído en saco roto en otros juicios celebrados contra Villarejo—, y también han tratado de restar valor a los diarios del comisario, donde este plasmó durante años sus tejemanejes. En ellos están reflejados múltiples detalles de la operación ejecutada contra Bárcenas. Entre otras anotaciones, escribió junto al nombre de Martínez el 29 de julio de 2013: “Insiste en la importancia del tema LB [Luis Bárcenas]. Plantea línea dura hacia él ya. Se va de vacaciones, pero habrá contacto diario”. Y el 4 de marzo de 2014: “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”.
El Estado quiere evitar correr con los gastos. La Abogacía del Estado ha jugado un peculiar doble papel en el juicio: acusación y defensa. Por un lado, el organismo ha reclamado que se impongan penas de cárcel a la antigua cúpula de Interior por liderar la trama contra Bárcenas. Pero, a la vez, ha rechazado que se condene a la Administración como responsable civil subsidiaria por los excesos cometidos por “funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, como exigen la Fiscalía y la familia del extesorero —que reclama 1,2 millones de euros en indemnizaciones—.
Con el objetivo de evitar un golpe a las arcas públicas, la Abogacía mantuvo en su alegato final que, realmente, los procesados actuaban movidos por “intereses personales” y “partidistas”; y, por tanto, el Estado no debería correr con los gastos. Sin embargo, esa opción no resulta descabellada para varias partes personadas en la causa. De hecho, los tres mismos magistrados que componen el tribunal de Kitchen ya castigaron hace menos de tres meses a la Administración a responder por la indemnización que el comisario Villarejo debe pagar a Pablo Iglesias y Dina Bousselham por el bautizado caso Dina (consistente en un tráfico ilícito de información de un móvil de la exasesora del exlíder de Podemos, que se investigó como una pieza separada del caso Villarejo, al que también pertenece el caso Kitchen).
CON ESTA TROPA EL PP SE PONECHULITO, HACE FALTA TENER CUAJO
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