En los juicios de corrupción se pone el acento en el corrompido, pero se ignora que ha tenido que haber un corruptor. En la mordidas a políticos, incluidos los partidos, pacta un "yo te pago y tu me lo devuelves con contratos de obras". Al final el que paga es el contribuyente.
En una obra importante, mil viviendas y locales comerciales de los años 70. En el concurso de adjudicación la empresa elegida se sienta con el presidente de la cooperativa promotora de las viviendas y le dice "son los elegidos, pero me tiene que dar a mi 40 millones de pesetas". La empresa se niega y es descartada. Llaman a otra empresa y le dicen lo mismo, esta vez la empresa accede a dar los cuarenta millones. Desde el primer día de obra hasta el termino de la misma, la empresa constructora hizo todo lo posible por recuperar los cuarenta millones, desde modificar precios pactados, hasta cambiar las calidades de los materiales, pasando por una ejecución infame.
La mordidas se cobran siempre. Y en las obras de las Administraciones la pagan los ciudadanos.
Los directivos de Ferrovial salen absueltos del 'caso Palau' gracias a una legislación laxa con los corruptores.
Esto es lo intolerable, que la legislación sea favorable a las prácticas corruptas.
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