INMUNE PARA CHORICEAR
El fiscal suizo demuestra el entramado que ordenó Juan Carlos I para ocultar al Estado español los 65 millones de euros de Arabia Saudí
El verano de 2008, coincidiendo con el arranque de la grave crisis económica que sacudió a España, el entonces jefe de Estado estaba preocupado por una cuestión personal: ¿qué hacer para recibir una importante cantidad de dinero procedente de Arabia Saudí sin dejar rastro en España? Es decir, necesitaba una estructura financiera fuera de las fronteras españolas para ocultar 100 millones de dólares (casi 65 millones de euros en esa fecha).
La solución llegó de la mano del abogado Dante Canonica y el bróker Arturo Fasana, ambos suizos, que crearon una fundación de nombre Lucum en el paraíso fiscal de Panamá con el propósito de albergar el ‘regalo’ saudí. Los 64,8 millones de euros fueron transferidos a una cuenta de la banca helvética Mirabaud, y allí estuvieron hasta que en 2012 fueron traspasados a una cuenta de Corinna Larsen, que por entonces mantenía una relación sentimental con el rey, en el paraíso fiscal de Bahamas.
Esta indigna maniobra está reflejada en el informe del fiscal suizo Yves Bertossa donde decreta el archivo de su investigación abierta en 2018 sobre la donación que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del rey saudí. En el informe consta que Canónica y Fasana declararon que el entonces monarca español les pidió una solución para el dinero. El bróker Fasana era un viejo conocido del monarca español, ya que en los años noventa había gestionado una macrocuenta en Suiza para canalizar la evasión fiscal masiva de los capitales de medio centenar de magnates españoles, incluidos los de Juan Carlos I, gestionados por los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, Los Albertos, como desveló Público en una investigación exclusiva sobre el origen de la fortuna del rey emérito.
Arturo Fasana confesó al fiscal Bertossa que desde el principio supo que Juan Carlos I no había declarado el dinero a la Hacienda española, lo que a todas luces constituía un flagrante delito, agravado por el hecho de que quien lo cometía era nada más y nada menos que el rey de España. Sin embargo, los hechos no podrán ser enjuiciados en España debido a que en 2008 Juan Carlos de Borbón gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado, según fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En su informe, el fiscal helvético relata los pasos seguidos durante tres años con el objetivo de investigar si la aparente donación se trató en realidad de una comisión por la adjudicación a un consorcio español de las obras del AVE a La Meca. También rastreó los movimientos de la cuenta de Lucum para intentar dilucidar si existió blanqueo de capitales. Pero nada de ello ha podido ser probado, según dice Bertossa.
Y ello es debido a que no existe ningún documento que acredite la donación, como es preceptivo para que los bancos admitan el ingreso de sumas como la que se embolsó el rey emérito. Pese a que Bertossa indica que la donación no ha podido ser "justificada con claridad", no ha podido probar que se trate de una comisión ilegal por el negocio del AVE a La Meca.
Tampoco ha podido probar blanqueo de capitales en la acción de traspasar cuatro años después el dinero a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas, ya que esta ha declarado que se trató de un "regalo" del monarca, lo que ha corroborado en su declaración Dante Canonica.
Bertossa no preguntó a las autoridades saudíes si realmente regalaron ese dinero al rey español altruistamente porque una comisión rogatoria al país de Oriente Medio "probablemente estaría condenado al fracaso, ya que obtener pruebas allí es muy difícil", consta en su informe.
En su investigación, Bertossa halló otros movimientos bancarios sospechosos, como un ingreso de 1,8 millones de dólares del sultán de Bahrein en la cuenta de Lucum y dos "préstamos" a Corinna Larsen de 1,6 millones de euros desde la misma cuenta, cerrada en 2012.
No obstante, Yves Bertossa concluye que el entramado para albergar la donación, con el uso de la fundación Lucum, demuestra "un deseo de ocultación". Ha impuesto una multa a la banca Mirabaud de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales. Según el fiscal, el banco debía haber informado por "el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta --de Corinna Larsen-- y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico"
No obstante, Yves Bertossa concluye que el entramado para albergar la donación, con el uso de la fundación Lucum, demuestra "un deseo de ocultación". Ha impuesto una multa a la banca Mirabaud de 50.000 francos suizos por omisión de información a la autoridad suiza competente en prevención de blanqueo de capitales. Según el fiscal, el banco debía haber informado por "el carácter poco habitual de los fondos recibidos en esa cuenta --de Corinna Larsen-- y los diferentes flujos financieros intercambiados entre las cuentas de la citada y la de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I tenía el derecho económico".
“Esto —dice José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo— desmoraliza a cualquier ciudadano que tenga un mínimo sentimiento de la ética y de sus deberes para con su país”. “Esto” es el escándalo de Juan Carlos I. O sea, los 65 millones de euros que le llegaron a Suiza como regalo de Arabia Saudí en 2008. Más la duda de si entre la donación y el AVE a la Meca había una relación causa/efecto. Más la renuncia de Felipe VI a su herencia y lo que ese paso entraña al confirmar la presencia de trapos sucios. Más la regularización fiscal acometida después de que la Fiscalía le avisara de que le estaba investigando. Más su inviolabilidad, convertida en un gigantesco escudo protector contra el que han terminado rebotando las diligencias abiertas hace tres años por otra Fiscalía, la de Ginebra.
Bucle cerrado. Pero ese bucle no aloja el escenario de una película de ficción sino realidad. Cuasi feudal si se atiende al lúgubre razonamiento de Martín Pallín: “O [el rey emérito] tiene un concepto de la ética y su responsabilidad muy bajo o nos toma por siervos. Ha creído que tiene barra libre. Y que sus súbditos deberíamos estarle agradecidos”.
En una infrecuente muestra de consenso, la opinión pública percibe como avanzadilla de una exoneración total el carpetazo a las investigaciones del fiscal de Ginebra sobre los 65 millones transferidos en 2008 por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudi a una fundación panameña, Lucum, cuyo beneficiario era el entonces jefe del Estado, y transferidos luego a una cuenta de su examante Corinna Larsen en el paraíso fiscal de Bahamas.
Y esa exoneración —advierten distintos expertos— puede socavar la imagen de la monarquía. Pero puede sobre todo debilitar la ya frágil confianza en la justicia. Y reforzar la idea de que la evasión fiscal apenas afecta a los poderosos en lo que a castigo se refiere. ¿Convierte “esto” del emérito en papel mojado el emblemático eslogan de Hacienda somos todos? ¿Hay riesgo de que se afiance el cliché de que se persigue penalmente a los robagallinas mientras que los grandes escapan siempre? ¿Alimenta esta operación de salvamento el desgaste de creencias esenciales, como que no hay que pagar ni cobrar en b?
El politólogo Pablo Simón subraya que solo cuatro de cada diez ciudadanos opinan que la justicia es independiente. “La principal razón —explica— es que se considera que está capturada por poderes económicos o políticos”. Es decir, que la gente no desconfía de los tribunales por su falta de medios, recursos o eficacia "sino porque la imparcialidad no se cumple”.
La administración de justicia, "una institución de parte"
Simón no alberga dudas sobre el efecto de todo lo que está sucediendo con el padre de Felipe VI: “Un caso como el de Juan Carlos ahonda en la idea de que la justicia no es igual para todos y solo sirve para reforzar la de que las instituciones judiciales son de parte”. Dicho de otro modo, que no son de todos.
Sus datos sobre la amplísima desconfianza en la administración de justicia los corrobora el último Eurobarómetro, el de este año, sobre indicadores de la justicia. El cuadro sobre la Percepción de la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces entre el público general sitúa a España en el puesto 22. Por detrás solo la superan Italia, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Croacia, que cierra la lista [Puedes ver el gráfico pinchando aquí y yendo a la página 61 del pdf].
Simón se cuenta entre quienes entienden que lo del rey emérito —una de esas frases difusas y sin embargo inequívocas— afecta al descrédito de la justicia. Pero no a la lucha contra el fraude fiscal. “No creo que se produzca un efecto de emulación. Ni que nadie vaya a decir a partir de ahora que piensa hacer lo mismo que el rey”.
Su análisis sostiene que en lo que podríamos llamar negacionismo tributario son otros los elementos de peso: “En lo que los estudios denominan la tax moral tiene más consecuencia cómo funcionan los servicios públicos. O, por ejemplo, se produce un efecto positivo cuando desagregas la información de para qué sirven los impuestos”. O sea, si quien los cobra hace llegar a los usuarios que con ellos se pagarán carreteras, hospitales, colegios.
La politóloga y socióloga Cristina Monge coincide en el diagnóstico: “El comportamiento fiscal en España está ya muy asentado”. Los que viven de la nómina —prosigue— tienen “poco margen” para evadir las normas. Y “aquellos que siguen la costumbre del fraude o de la economía negra ya están instalados en ello”. El capítulo de las correrías financieras del rey emérito “no anima a convertirnos en insumisos fiscales”.
De lo anterior discrepa abiertamente el inspector de Hacienda Raúl Burillo. Delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y luego en Baleares entre 2004 y 2010, cuando ya bajo el Gobierno autonómico de Jaume Matas comenzaban a solaparse los casos de corrupción, el de Urdangarin incluido, Burillo sabe de lucha contra el fraude fiscal. Y de su cordón umbilical con la actividad corrupta de quienes defraudan. “El negacionismo tributario —responde en conversación con este periódico— siempre lo vamos a tener y a poco que les des alas los negacionistas echan a volar". Y remata señalando directamente a quien llevó la corona entre 1975 y 2014: que el jefe de Estado sea “el referente máximo” del negacionismo tributario “va a dar alas para que todo el mundo lo tenga en mente”.
Burillo saca a la palestra una cuestión relativa a la inviolabilidad y que destapa una capa invisible del concepto pero tan irritante como la de una cebolla: que una cosa es que el jefe del Estado sea inviolable y por tanto no quepa someterle a juicio por un delito y otra muy distinta que no exista el delito. “La inviolabilidad nunca puede ser echar una manta por encima y que nadie conozca nada. Tendría que investigarse el delito y concluir que ese delito se ha cometido pero que no se puede juzgar porque hay una persona inimputable”. No se le puede juzgar ahora, opina: tras el archivo de la investigación suiza se va a cerrar la puerta de la Fiscalía española, "pero eso no quiere decir que no se pueda abrir en el futuro”.
Con Burillo coincide otro de los consultados —reputado fiscal—, el único de la lista que ha pedido mantener oculta su identidad. Lo que esta fuente cree se resume así: que en el caso del rey y desde que en 2018 se conocieron los primeros datos, el Estado en su conjunto dejó ver “una especie de consenso de que no se le podía hacer responsable” de nada. Y que esa decisión predeterminada y captada “con resignación” por la ciudadanía sí tendrá consecuencias en la lucha contra la evasión tributaria y el blanqueo: “Promoverá el fraude fiscal —expone— porque habrá gente que diga: ‘Si este no paga y no le hacen nada, ¿por qué tendría yo que pagar impuestos’?”.
En un punto sí vienen a coincidir todos los consultados: el de que la imagen de la justicia aparece como la gran perdedora de este juego oscuro de inmunidad e impunidad. “Se consolida mucho —dictamina Cristina Monge— la idea de que los poderosos están al margen de las obligaciones que tenemos todos. Y se consolida la idea de que hay impunidad pese a la evidencia en lo que respecta a eludir impuestos y a hacer cosas que a cualquier otro le penalizará”.
Monge se muestra pesimista: “Estamos en un momento de confianza institucional muy baja y es muy difícil que la ciudadanía separe esto del conjunto de la política o las instituciones. Desde el punto de vista de la opinión pública, lo ocurrido con el rey emérito no arrastra solo a la Corona sino que el descrédito afecta al conjunto de las instituciones y al sistema como tal”.
Más pesimismo aún se detecta en las palabras de Martín Pallín. “A mí lo que me preocupa es que hay indicadores que dicen que la fortaleza democrática de la sociedad española está bajo mínimos. Cuando lees periódicos diciendo que hay que pedirle perdón a Juan Carlos I me siento profundamente preocupado. Eso no pasaría en ninguna sociedad democrática”. ¿Perjudica lo sucedido al principio ciudadano de que nadie debe cometer fraude fiscal" "Por supuesto. Es más, el anterior jefe del Estado podría al menos pedir perdón y devolver lo que se ha quedado por su condición de jefe de Estado".
A tenor de sus palabras, Pallín solo comparte con Juan Carlos I la catalogación de "emérito". Tal como especifica el principal diccionario etimológico del castellano, el del catalán Joan Coromines, emérito es vocablo heredero de un verbo que en latín significaba "ganarse el retiro, terminar el servicio".
El drama del relato hecho añicos
En este caso, lo ya conocido parece poner en jaque la noción de que Juan Carlos I se lo ganara de manera honesta. En ese campo se adentra Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y analista política. Porque Urrea apunta al corazón de nuestra historia reciente: “Para mí lo dramático es que lo sucedido erosiona todo el relato que nos han contado y nos hemos contado los españoles”. Lo nuclear, prosigue, no es tanto si las actuaciones del rey emérito afectan a la ética fiscal del conjunto de la población o representan un precedente para los grandes defraudadores. Y ni siquiera es lo esencial si al final se conceptúan o no como delito comportamientos que para traducirlos en tipos penales requieren —subraya la jurista— un esfuerzo probatorio inaccesible: básicamente, porque precisan la ayuda de “países que no están por colaborar”. Por ejemplo, Arabia Saudí. “El rey sabía con quién hacía negocios”, dice con la amargura de quien descubre que lo peor no era un chismorreo sino una realidad.
La suya es la amargura de quien sostiene que la clave del asunto, el gran problema y las consecuencias perniciosas para la sociedad que de él se derivan, reside en que nos vemos impelidos a responder dos preguntas: “Cómo ha podido pasar todo esto y qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder”. Al primer interrogante, mantiene Urrea, han de dar respuesta los Gobiernos, “que debían controlar”, el sector empresarial, “esos a los que gustaba tanto viajar con el rey”, y los medios de comunicación. “También los ciudadanos —completa la profesora— tenemos que preguntarnos por qué nos hemos creído un relato de heroicidad que resultaba un tanto infantil”.
Respecto a la segunda pregunta, la de qué debemos hacer para evitar una repetición, se muestra concisa: “No podemos sustituir el juancarlismo por el felipismo. Esto no volverá a ocurrir si activamos los controles permanentes. ¿Para cuándo una ley de la corona?”.
MANIOBRAS DE UN INMUNE PERO BULGAR CHORIZO
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