‘Shylock’ Marchena: “Si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos?”
Imposible no ver las huellas que la ideología y el despecho han dejado en el auto de la Sala Segunda del Supremo que señala a Carles Puigdemont como terrorista
La obsesión insana del juez Marchena
La obsesión del juez Marchena con Puigdemont está arrastrando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es casi lo mismo que decir a toda la Justicia española, a un desastre similar al que el capitán Ahab arrastró a la tripulación del Pequod por su obsesión con la ballena Moby Dick
- La obsesión del capitán Ahab con Moby Dick es la obsesión del juez Marchena con Carles Puigdemont, que está arrastrando a la tripulación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), que es casi lo mismo que decir a toda la Justicia española, a un desastre similar al que el capitán Ahab arrastró a la tripulación del ballenero que comandaba. El auto dictado esta semana en el que decide perseguir al expresidente de la Generalitat como autor de un delito de terrorismo es tan disparatado desde un punto de vista jurídico que únicamente es explicable por el desvarío que se ha apoderado de la mente que lo ha concebido. No hay justificación posible del mismo que pueda ser considerada “ajustada a derecho”.
La yihad jurídica: cuando un carrito portaequipaje se asimila a un coche bomba
El auto del Tribunal Supremo es un delirio lógico que apesta a la razón y que solo busca encajar unos hechos a martillazos en un tipo penal para convertirlos en terrorismo. Es un insulto a la inteligencia
El juez García Castellón (juez muy Genoves) consideraba en la instrucción que un señor que sufrió un infarto es una víctima del terrorismo, que una fiesta celebrada el día de reflexión en la Plaza de la Universidad es un intento de subvertir el orden constitucional porque pretendía cambiar el rumbo electoral y que la prueba de que eso era así era que se veían micrófonos. Todo esto no es una exageración, ni una interpretación forzada de quien ha leído el auto, es tal el nivel de impunidad con el que se manejan algunos jueces que no tienen reparos en escribir estas cosas en un documento oficial para intentar encausar por terrorismo a Carles Puigdemont y así doblar el brazo al poder legislativo y evitar la aprobación de la ley de la amnistía.
El auto del Tribunal Supremo es un delirio lógico que apesta a la razón y que solo busca encajar unos hechos a martillazos en un tipo penal para convertirlos en terrorismo. El terrorismo ya no es la yihad, ni el de ETA, hay que adaptarse, lo dicen de hecho de forma literal en el auto. Hay que adaptarlo a las nuevas realidades, y esas realidades son convertir en terrorista a quien no pudiste juzgar por rebelión. El auto es un insulto a la inteligencia, pero que tiene como grave consecuencia el encausamiento por terrorismo de personas que no son terroristas. Ese escrito en un examen de lógica de secundaria sería objeto de burla por un profesor de filosofía poco exigente, pero es un auto del Tribunal Supremo y tiene concreciones fácticas muy relevantes para los encausados y para la vida política española. Para un lector no informado sería difícil de creer que los hechos narrados y la interpretación jurídica de estos sale del más alto tribunal de este país. El auto liderado por Manuel Marchena considera que al producirse una manifestación que impide a los usuarios de El Prat moverse se está produciendo un delito de detención ilegal. Tal cual. Ya saben ustedes que cuando vean un corte de una carretera porque hay una manifestación de tractores y se queden aislados esperando a que termine están siendo objetivo de un crimen porque están siendo sometidos a una detención ilegal al no poder ir a donde quieran. Ese es el razonamiento de los jueces, que obviamente es político y no jurídico.
Si Puigdemont es el presunto líder de una organización criminal, y es tan obvia esta conclusión como ahora dicen, ¿por qué permitieron cuatro años de impunidad? ¿Por qué ni el Supremo ni la Audiencia Nacional avisaron antes a las autoridades de otros países de que había un terrorista suelto, campando por el Parlamento Europeo? ¿Por qué no se incluyó este gravísimo delito –peor que la sedición– en las distintas euroórdenes donde se instaba a su detención? ¿Por qué no se hizo nada contra el “terrorismo” de Puigdemont hasta –casualmente– esa epifanía a la que llegó el juez Manuel García Castellón, justo cuando la ley de amnistía se empezó a negociar?
Parece muy extraño. Porque lo es. Y no solo por este retraso de cuatro años largos en desenmascarar al presunto terrorista Puigdemont.
Se ha resaltado en distintos medios que el auto del Tribunal Supremo donde se imputa por terrorismo al expresident catalán ha sido una decisión “por unanimidad”. Se da a entender así que es un asunto indubitable: que no hay siquiera discusión.
Es un dato engañoso, que conviene explicar. La decisión no se llevó al pleno de la Sala de lo Penal. Los jueces que firman este auto son cinco: Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
Todos ellos tienen algo en común: son del sector conservador.
Todos ellos, sin excepción, fueron ascendidos al Supremo a propuesta de los vocales en el CGPJ elegidos por el PP.
No hay un solo progresista entre los cinco. Ni uno.
Carmen Lamela es la jueza que también vio terrorismo en la agresión a varios guardias civiles en un bar en Alsasua: algo que la sentencia después descartó. También es la jueza que encerró durante dos años a un inocente: al expresidente del Barça Sandro Rosell. Poco después de esa polémica decisión, en 2018, fue ascendida al Supremo por el sector conservador.
Juan Ramón Berdugo es miembro de la APM –la asociación conservadora– y llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar. Es uno de los jueces que condenó al cantante César Strawberry por varios tuits –una sentencia que fue después anulada por el Tribunal Constitucional–. También firmó la sentencia del ‘procés’.
Julián Sánchez Melgar es también conservador. Y de la plena confianza del PP: en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy le nombró fiscal general del Estado. Su carrera tiene un punto de inflexión en Ávila, donde fue presidente de la Audiencia Provincial; allí conoció al entonces alcalde de la ciudad, Ángel Acebes, que más tarde se convertiría en ministro de Justicia con Aznar. Fue Acebes quien después le apoyó para el Tribunal Supremo, al que llegó en diciembre de 1999. Entre otras polémicas, es el principal ideólogo de la ‘doctrina Parot’, para alargar artificialmente las condenas de terrorismo, y que después fue declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Eduardo de Porres es el último de todos ellos en llegar. Fue ascendido al Supremo en 2018 por el CGPJ conservador que salió de la mayoría absoluta en 2011 del PP de Mariano Rajoy. Fue el ponente de la sentencia de los ERE –y de la polémica condena a Cháves y Griñán que se aprobó por la mínima: con dos votos en contra frente a tres a favor. En este juicio, el PP estaba presente como acusación popular. Y sobre la imagen de imparcialidad de Porres había una sombra: tras la sentencia se conoció que tanto la mujer como el hijo de este juez militan en el PP. Algo que, según De Porres, no le condicionó.
En cuanto a Manuel Marchena, he escrito ya mucho sobre él. Llegó al Tribunal Supremo en 2007 –cuando el sistema de elección obligaba a acuerdos entre los distintos bloques del CGPJ, en un pacto donde también entró Luciano Varela por el sector progresista–. En 2014, el CGPJ de la mayoría de Rajoy le nombró presidente de la Sala de lo Penal. Más tarde, en 2018, fue candidato a presidente del CGPJ, en la renovación que estuvo a punto de firmar Pablo Casado; renunció después de que un senador del PP, Ignacio Cosidó, presumiera de que su liderazgo ayudaría al partido a “controlar la Sala Segunda desde detrás”.
Cinco jueces del Supremo, elegidos entre todos los que hay en la Sala de lo Penal por las normas de reparto. Que no haya entre todos ellos ni un solo juez progresista no es casual: es la consecuencia de que el PP haya controlado 22 de los últimos 27 años del Consejo General del Poder Judicial, gracias a los distintos bloqueos a la renovación cada vez que la derecha pierde las elecciones. Por eso solo hay cuatro jueces progresistas de los quince que hoy forman la Sala de lo Penal del Supremo. Es casi imposible que los jueces promocionados por la derecha no tengan la mayoría en este tribunal.
EN DERECHO TODO ES INTERPRETABLE, HASTA LA DESVERGÜENZA.
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