Primero fueron los negocios de sus padres. Luego, los de su hermano en plena pandemia. Y ahora, son los problemas de su pareja con el fisco los que han desatado la última tormenta alrededor de la baronesa conservadora. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, conocía perfectamente la investigación de Hacienda sobre las actividades de su compañero sentimental. Unas pesquisas que han derivado en una denuncia del Ministerio Público y de las que ella se ha apresurado a desvincularse. "Yo tengo que responder por la gestión de mi Gobierno", ha lanzado la líder del Ejecutivo regional. Lo ha hecho mientras vestía el caso como una suerte de cacería contra su entorno –"ahora le tocaba al novio"– y desacreditaba en redes a la fiscalía que ha judicializado un asunto que, en realidad, venía de la Agencia Tributaria.
El escrito de la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público acusa a la pareja de la presidenta regional, Alberto González, de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, así como otro presunto delito de falsedad en documento mercantil. El fiscal sostiene que la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, administrada por González, llevó a cabo "determinadas conductas" con la "única finalidad" de "reducir" su tributación "ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado" en plena pandemia. En concreto, recoge la denuncia, se habría deducido "indebidamente" gastos "en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados".
La familia se ha convertido en un quebradero de cabeza constante para Ayuso desde antes, incluso, de aterrizar en la Puerta del Sol. En junio de 2019, en pleno tira y afloja para conseguir los apoyos para la investidura, infoLibre desveló que los padres de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid –Leonardo Díaz y María Isabel Ayuso– le habían donado en 2011 un piso en la capital cuando empezaban a acumular deudas importantes, una operación cuyo objetivo era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Por el mismo método, y el mismo día, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió también la donación de una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada.
Un par de meses antes de que MC Infortécnica SL, el grupo participado al 25% por los padres de la dirigente autonómica, no devolviese a Avalmadrid 100.000 euros de principal y 3.000 de intereses vinculados al crédito de 400.000 euros que la entidad semipública había concedido a dicha sociedad. Unos meses antes, en enero de 2011, los cuatro matrimonios propietarios de MC Infortécnica habían justificado su solvencia a la hora de solicitar el préstamo con un patrimonio que incluía más de una docena de propiedades. Entre ellas, las recibidas por la presidenta madrileña y su hermano.
Una operación por la que se interesó la propia Ayuso cuando era diputada rasa en la Asamblea de Madrid. Por mucho que la dirigente regional asegurase cuando se destapó el escándalo que ella no había "mediado" o "presionado", los correos publicados por este diario demostraron todo lo contrario. Durante meses, estuvo en contacto con un directivo de Avalmadrid y le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sus hijos. Emails que ponían de relieve, además, que la conservadora era consciente de la difícil situación económica de la empresa. Nueve días después de que Ayuso diera por muerta a la sociedad, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla. Y dos semanas más tarde, la presidenta aceptó la donación del inmueble en la capital.
Y ahora la pareja. Sin olvidar nunca los 7.291 muertos en las residencias bajo la responsabilidad de ayuso y sus PROTOCOLOS DE LA MUERTE.
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