CARTEL ELECTORAL DE VOX QUE AVALA LA AUDIENCIA DE MADRID PESE A LA FALSEDAD DE SUS DATOS. PREOCUPANTES SENTENCIA.
España vive una muy preocupante aceleración de la ofensiva ultra que bordea ya lo antidemocrático. Dos escandalosas sentencias judiciales, el asesinato con tintes homófobos de un joven en A Coruña y sus respuestas vienen a demostrar que nuestro país opta a lograr con nota el título más nefasto para una sociedad. Viene de muy atrás, de problemas fundamentales no resueltos y se inscribe en una ofensiva internacional en la que participan activamente los filofascistas españoles, pero su fuerza real es menor que la de una mayoría social que apuesta por la democracia.
Ocurre cuando peor está la derecha, con el PP más desnortado de la historia, fracasadas las fotos desestabilizadoras de Colón y con apenas otro logro que ofrecer que el triunfo de Ayuso sostenido por dos millones de seres –si se suman sus socios y colegas–, magnificados al máximo por sus propios promotores mediáticos, en un país con casi 37 millones de electores.
Y ocurre cuando el Gobierno progresista aprueba proyectos de leyes largamente aplazadas como está haciendo en las últimas semanas en el Congreso, tal como contaba aquí Aitor Riveiro, y este mismo martes en Consejo de Ministros.
El problema está en los tumores latentes que condicionan la salud democrática de cualquier país. Y España está gravemente afectada en dos pilares tan básicos como la justicia y la información y lo que el deterioro de esta desfigura a la sociedad.
Empezamos la semana con la Audiencia Provincial de Madrid avalando el cartel electoral de Vox, sobre los menores extranjeros no acompañados, en una decisión aparentemente política y alineada con el partido ultraderechista español. El cartel contiene datos falsos, pero el tribunal se permitió decir en la sentencia que "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores] representan un evidente problema social y político". Y, añade, que no se trata de "ideas a prohibir" mientras han de admitirse "otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas". Los datos son manifiesta y demostrablemente falsos.
El hecho es de una gravedad extrema y no ha temblado el país como debiera, porque forma parte de ese todo que va pudriendo los cimientos de España. Como la otra sentencia, esta del Tribunal Supremo, en la que la alta instancia judicial ratifica la condena a Isa Serra, dirigente de Podemos, por su participación contra un desahucio, en 2014. Bajo unos parámetros legales de pura estupefacción. Sin pruebas concluyentes, tal como figura en el auto. Seleccionada por estar allí. En este caso la condena "se construye" –vean– como grupo, cuando en el juicio de El Tarajal optan por "individualizar" la conducta, y como no lo logran, al parecer se archiva el asunto. Habían muerto ahogadas 15 personas a las que se impidió llegar a la orilla.
Conviene leerse la sentencia del TS que condena a Isa Serra por estar allí sin acreditar que propinara ningún empujón o golpe al agente. Solo por estar allí.
La Justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros y dice que son "un evidente problema político y social"
Ya hemos tenido otra sentencia para el disparate, también de la Audiencia de Madrid que dice que "no hay delito de falsificación documental, por parte de Rocío Monasterio, por que el documento es muy chapucero y no puede inducir a tomarlo por autentico"
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