Al fin y al cabo, ¿de qué nos extrañamos? Éste es el mismo Tribunal Supremo al que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy entregó el mando político de esta España nuestra y empezando por la parte de Catalunya para resolver un conflicto asimismo político. El procés de 2017 acabó con los huesos de muchos dirigentes y referentes independentistas en la cárcel o fuera de España condenados por el Alto Tribunal por querer convocar un referéndum de independencia desde su mayoría soberana en el Parlament; o sea, por querer votar, ni más ni menos, y con todos los errores y torpezas achacables a esos mismos soberanistas, hoy amnistiados/as por el Gobierno de PSOE y Sumar, he aquí (también) la cuestión: la amnistía.
Desde que Rajoy (con la complicidad cobarde del PSOE de Sánchez, entonces en la oposición) entregó en 2017 al Supremo la vara de mando de los tres poderes del Estado -el Judicial que le es propio, el Ejecutivo y el Legislativo-, la mayoría de sus magistrados lo mismo le arrancan el escaño a un representante de la soberanía popular por ser de Podemos, que condenan a unos líderes políticos por ser legalmente independentistas e intentar votar para conseguir (o no) la independencia de Catalunya o amputan a 163.020 españoles un derecho a voto que es indisociable de su nacionalidad. Y no solo eso, sino que ante la temida imposibilidad material de identificar a todos los que se nacionalizaron conforme a la ley de nietos (y que ya votaron en 2023), y hasta de distinguirlos de quienes no lo hicieron por esta vía, como advertía Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, en una entrevista en la Ser, la decisión del Supremo supone un golpe a la democracia en el culo de las y los españoles residentes en el exterior de consecuencias aún por determinar y enmarcadas en la senda autoritaria que pretende imponer la ultraderecha de PP y Vox en España y a la que el Alto Tribunal -y la élite judicial en general- bendice de forma activa. Pobres de nosotras.

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