LA TROPA DE ANTIFRAUDE VALENCIANOLa Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude de la Comunitat Valenciana ha quedado en evidencia con su investigación al excomisionado del Gobierno de España para la dana, José María Ángel Batalla. La entidad que preside el candidato elegido por el PP y Vox en las Corts Valencianes, Eduardo Beut, realizó un proceso exprés entre el 9 de abril y el 7 de mayo (15 días hábiles con Semana Santa de por medio) con unas durísimas conclusiones sobre la falsificación del título del político socialista sin haber informado ni dado audiencia al afectado para poder defenderse, como marca de manera clara el artículo 10 de la Agencia Antifraude.
Esta rápida y secreta actuación de la agencia se entiende mejor cuando se conocen la cronología de los hechos y las personas que han intervenido y han tenido acceso al expediente en la Diputación de Valencia, que acabó ventilado en los medios de comunicación cuando se cumplían nueve meses de la dana el pasado 29 de julio. Más de tres meses después de acabada la investigación de Antifraude y pese a derivar la responsabilidad de dar audiencia al trabajador público afectado, la institución provincial asegura haber enviado un requerimiento a Ángel Batalla el día 31 de julio, pero desde el entorno del afectado aseguran no tener ninguna noticia del mismo.
El jueves 3 de abril de 2025, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, realizó una revolución en su equipo y, entre otros cambios, entregó la gestión de los recursos humanos a una de sus diputadas de más confianza, Remedios Mazzolari. Mazzolari es concejal en la oposición en Llíria, capital del Camp de Túria y localidad cercana a l'Eliana, municipio del que fue alcalde José María Ángel. De hecho, Ángel y Mazzolari son dos viejos conocidos de la política municipal en la comarca. A las pocas semanas de la llegada de Mazzolari a la gestión de personal, dimitía el jefe de Recursos Humanos dependiente de Mazzolari y accedía al puesto clave María Escamilla Faus, exinterventora de Gavarda y una habilitada nacional de la máxima confianza del presidente Vicente Mompó.
Cuatro días después de la llegada de Mazzolari al área de personal, el lunes 7 de abril, se presentó en la agencia Antifraude una denuncia anónima contra José María Ángel Batalla en la que se aportaba abundante documentación. La denuncia estaba tan bien presentada que el director de Antifraude le dio máxima prioridad y requirió a sus funcionarios que iniciaran la investigación. Pese a la Semana Santa, en la Universitat de València fue fiesta entre el 17 y el 29 de abril, los investigadores consiguieron confirmar gracias a sus gestiones en la universidad y la diputación que José María Ángel entregó un título falso para conseguir el puesto de funcionario, lo que consideraron indicios de un “ilícito administrativo disciplinario”. El 7 de mayo cerraron sus conclusiones y, el mismo día, Beut solicitó un informe que le avalara para no haber dado audiencia a José María Ángel y a otros dos funcionarios afectados.
El expediente completo con sus demoledoras conclusiones y sin la versión de los afectados se envió esos días al departamento de personal de la Diputación de Valencia para que diera audiencia a los afectados, “a efectos de garantizar debidamente su derecho a la defensa”. Pero la Diputación de Valencia no movió ni un papel ni llamó a los acusados por la Agencia Antifraude. El 29 de julio, la resolución íntegra acababa en los medios de comunicación y se convertía en un escándalo nacional justo cuando la diputada del PP Noelia Rodríguez acababa de dimitir por mentir en su currículum. Con el informe en manos de la prensa, que solo custodiaba la Diputación de Valencia y Antifraude, fue la primera vez que José María Ángel podía dar su versión y fue a los periodistas. El día 29 por la noche, el comisionado envió un comunicado con sus alegaciones. El 31 a primera hora dimitió.
El mismo día 31 de julio, la Diputación de Valencia anunció que va a abrir “expedientes de información reservada” a José María Ángel y a su mujer, la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, para que aportaran las titulaciones que acrediten que cumplen los requisitos de sus puestos de funcionarios en la institución provincial. Ese día, aseguran ahora desde la institución provincial, dieron audiencia al ya excomisionado.
¿Por qué la Diputación de Valencia no requirió el título a José María Ángel cuando recibió el expediente de Antifraude en el mes de mayo y solo lo hizo cuando el escándalo estaba en todos los telediarios nacionales? ¿Por qué la Agencia Antifraude decretó secreta una investigación cuando ya había acabado sus pesquisas? Si había tanto interés en esclarecer los hechos, ¿por qué la Diputación de Valencia a día 11 de agosto todavía no se ha puesto en contacto con José María Ángel para que explique las dudas que suscita su currículum?
Eduardo Beut cumplió el pasado 24 de julio un año al frente de la Agencia Antifraude y en menos de 13 meses ha llevado a la institución a sus cotas más bajas de credibilidad, además de haber roto la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Pero su actuación en el expediente del comisionado de la dana va mucho más allá, es un ataque a los derechos fundamentales del afectado. No puede ser que la entidad que preside realice un expediente con unas conclusiones tan demoledoras y no dé audiencia al afectado. No le permita alegar y aportar documentación. Incluso, no le dé la opción de dimitir sin ser arrastrado por la plaza pública.
Porque los investigadores de la Agencia Antifraude son autoridad y pueden obtener una gran cantidad de información de los funcionarios de la administración pública y las personas vinculadas a estos procedimientos. Todos estos recursos utilizados de manera torticera pueden convertirse en un instrumento peligrosísimo al servicio de intereses espurios. Pese a que las investigaciones puedan ser acertadas o sean verosímiles, no dejar explicarse al afectado es saltarse límites fundamentales. Es hacer el juego a quien quiere utilizar políticamente a la entidad para erosionar a sus rivales políticos.
Una investigación idéntica a la del comisionado hecha por la Agencia Valenciana Antifraude hace varios años a cinco policías locales de La Nucia que consiguieron una plaza sin tener la titulación sí que contó con la versión de los agentes. La agencia recibió una denuncia anónima contra los mismos. Tras hacer unas averiguaciones reclamó los títulos a los policías. Cuatro de los cinco no puedieron entregarlos porque no los tenían. Un quinto lo tenía, pero obtenido años después de conseguir la plaza. La Agencia, tras escuchar sus alegaciones, concluyó que el ayuntamiento debía anular sus nombramientos. Responsabilizó al consistorio por no haber sido suficientemente diligente en la acreditación de los méritos de los aspirantes y no reclamó ningún dinero a los policías, que perdieron su puesto de funcionario.
El Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy montó una policía para perseguir a sus rivales políticos de izquierdas e independentistas. Esperemos que la Agencia Valenciana Antifraude no acabe convirtiéndose en un instrumento de persecución política por no dar las mínimas garantías.
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA ESTÁN ACOSTUMBRADOS A ESTO
