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¡QUE SE JODAN!
El cuerpo del primer menor de edad palestino muerto en cárceles israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza presenta signos de falta de alimentos, pérdida de masa muscular y grasa, colitis y sarna. Así se desprende del informe de un médico israelí independiente presente en la autopsia llevada a cabo por las autoridades sanitarias del Gobierno de Israel. La primera causa posible del fallecimiento que se señala es la inanición. Este facultativo, cuya identidad no puede ser desvelada, ha tenido también acceso al historial clínico de los seis meses transcurridos en prisión por Walid Ahmed, palestino-brasileño de 17 años. Ya a finales de 2024, el joven alertó de que no le daban suficiente comida.
Walid se desvaneció a las 7.48 de la mañana del pasado 22 de marzo en la prisión de Megido, en el norte de Israel. Poco después, a las 9.10, fue dado por muerto en las instalaciones médicas del penal, adonde llegó detenido el pasado septiembre acusado de tirar piedras a soldados israelíes. Al dolor que expresa la familia en su casa de Silwad (Cisjordania), se une el hecho de que las autoridades del Estado judío no les entregan el cadáver para que reciba sepultura, denuncia su padre, Jaled Ahmed, de 43 años. El de Walid se une a la lista de otros 22 presos palestinos muertos en cárceles israelíes durante la contienda que empezó el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo no ha sido entregado.
“La muerte de Walid, un deportista de 17 años, en circunstancias horribles, es una prueba más de que la política del Gobierno israelí no trata las cárceles como centros de detención donde los prisioneros tienen derechos humanos, sino como instalaciones diseñadas para torturar y abusar de los palestinos, matarlos de hambre y negarles atención médica vital”, denuncia Naji Abbas, responsable de prisioneros y detenidos de la organización Physicians for Human Rights Israel, a través de un comunicado. El sistema carcelario israelí está rodeado de permanente polémica por su trato a los palestinos. Esta ONG considera que lo ocurrido forma parte de una “negligencia sistemática”.
En efecto, el padre del joven lo describe como alguien que se cuidaba y practicaba tanto el fútbol como el kickboxing. Muestra fotos de Walid en varias competiciones, alguna incluso en Jordania. Por eso le sorprende tanto las condiciones que se describen del cadáver en la autopsia solo seis meses después de ser detenido. Sobre una estantería del salón de la vivienda aparecen varios de sus trofeos y medallas. Encima de esos galardones, en la pared, se encuentra colgada una fotografía enmarcada de Nidal, tío de Walid y hermano de Jaled, muerto a los 15 años en 1994 en un incidente con las tropas de ocupación.
Walid fue detenido en la madrugada del 13 de septiembre de 2024. “Eran sobre las tres de la mañana cuando entre 20 y 30 militares llegaron a casa. Algunos accedieron dentro rompiendo la puerta de forma agresiva. Se metieron en su habitación y lo sacaron de la cama. Lo arrestaron en pantalón corto y camiseta. No le permitieron ponerse nada más. Antes de llevárselo arrestado, los militares permanecieron durante aproximadamente una hora y media aquí dentro. Se llevaron los dos teléfonos de mi hijo y hasta algo de dinero”, describe Jaled. “Les pedí por favor que le aflojaran un poco la brida con la que lo habían maniatado. La respuesta fue apretársela más”, añade.
Sobre las 6 de la mañana la familia contactó con el consulado de Brasil para advertir de lo ocurrido, pues todos disponen de pasaporte por la madre de Jaled, que es de esa nacionalidad. Fueron las autoridades brasileñas, según el relato del padre, las que les informaron un día después de que tenían al chaval en una celda de Megido.
La madrugada de la detención fue la última vez que Jaled pudo estar físicamente junto a su hijo mayor, pues no ha dispuesto de visitas en la cárcel. Solo ha podido verlo varias veces a través de una pantalla durante el proceso judicial que le abrieron al joven, en el que estaba acusado de tirar piedras a los soldados israelíes, un recurso habitual por parte de las autoridades del Estado judío. El proceso se ha aplazado media docena de veces en vistas que se resolvían en un puñado de segundos, explica sorprendido el padre, al que permitían acceder a la prisión israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada, para poder presenciar el juicio, que tenía lugar en Megido. Fue en la sesión del 10 de febrero cuando contempló su imagen por última vez.
En la noche del 24 de marzo, la familia se enteró de la muerte de Walid, que el 29 de abril hubiera cumplido 18 años, a través de las noticias. Llamaron entonces a las autoridades brasileñas y a la comisión de prisioneros que depende de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Consiguieron que un médico israelí independiente accediera a la realización de la autopsia el 27 de marzo en el Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, a las afueras de Tel Aviv. La familia ha entregado a EL PAIS el informe realizado por ese facultativo que está firmado el día 28.
“El estado del cadáver era extremadamente malo”, lamenta el padre, dolido pero sereno. “Walid había pasado mucha hambre y no tenía grasa en el cuerpo, tampoco músculos. La sarna le llegaba incluso a sus partes íntimas”, añade el padre, ofreciendo detalles recogidos en el informe de la autopsia. Además, este también recoge un corte en el cuello del joven del que no se ha podido averiguar su origen.
El Gobierno de Brasil, que preside Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó el 25 de marzo al Ejecutivo israelí una investigación independiente sobre la muerte del menor, informa Naiara Galarraga. “Según sus obligaciones internacionales, el Gobierno israelí debe llevar a cabo una investigación rápida e independiente sobre las causas de la muerte, así como hacer públicos sus hallazgos”, señala un comunicado de la cancillería. El Gobierno de Israel no les ha hecho llegar ningún informe, indicó este viernes el Ejecutivo brasileño.
La familia sigue tratando de recuperar el cadáver para enterrarlo. No han tenido contacto directo con las autoridades de Israel, sin embargo, estas les han prohibido que realicen en Silwad la habitual ceremonia popular de despedida de difuntos en las instalaciones que el pueblo dispone para ello. Como muchas otras localidades de la Cisjordania ocupada, los militares están permanentemente en la zona de manera visible e imponen su ley. Un retén bloqueó durante media hora en la tarde de este viernes a la salida y el acceso a la localidad.
Las autoridades israelíes han detenido desde que comenzó la presente contienda a más de mil menores palestinos, de los que 350 estaban entre rejas todavía a finales de marzo, según datos de diferentes organizaciones humanitarias palestinas. Un total de 665 cuerpos de palestinos permanecían en agosto del año pasado en manos israelíes, algunos desde hace más de medio siglo. De ellos, 59 son menores y nueve, mujeres. Estas cifras no incluyen a varios cientos de cadáveres de gazatíes que, según las estimaciones, murieron mientras participaban en el ataque contra Israel con el que comenzó la guerra y en el que fueron asesinadas unas 1.200 personas.
ISRAEL ES UN ESTADO GENOCIDA
La “nota informativa”, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está fechada el 20 de abril de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP para evitar que Podemos llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE. En la nota, dos inspectores jefes destinados en la Dirección Adjunta Operativa dan cuenta de su entrevista con el presunto autor del bulo, un venezolano, ahora en paradero desconocido, que obtuvo a cambio el permiso de residencia en España.
El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta 'offshore' a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.
Este medio ha podido comprobar la identidad correspondiente a los funcionarios 16.768 y 18.693. El primero es Bonifacio Díez Sevillano, ya jubilado y puntal de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Díez Sevillano fue mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto operativo, y se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas del caso Kitchen.
En la causa por la guerra sucia a Podemos, Díez Sevillano ha sido señalado por un antiguo jerarca venezolano como el policía que le entregó unas fichas de diputados del partido para que buscara información que les perjudicara. El juez le citó como testigo y durante su declaración, con obligación de decir la verdad, dijo desconocer investigación alguna sobre la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias.
El segundo de ellos, con carnet 18.693, es Jesús Vicente Galán, destinado entonces en Asuntos Internos, la unidad que la Policía de la época apartó de sus verdaderas funciones para ponerla a combatir el independentismo catalán y a Podemos. Tanto Díez Sevillano como Galán fueron ampliamente recompensados con medallas pensionadas y destinos ‘dorados’ en el extranjero después de su participación en la guerra sucia.
Ambos policías explican en su nota la supuesta relevancia de los cuatro documentos –el envío a la Audiencia Nacional solo adjunta tres de ellos– e interpretan aspectos de los mismos que pudieran no entenderse a partir de la entrevista con el confidente. Así, el documento 'Memorando' lleva por asunto “Punto único con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos”, y en él se ordena una transferencia desde el Banco Central de Venezuela de 272.325 dólares. Su autor es el ministro del Poder Popular de Economía de Venezuela y su destinatario el tesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores.
En segundo lugar, está la “orden de pago 36277” y en ella ya se indica que la transferencia es a nombre de Pablo Iglesias Turrión, con cuenta en la entidad Europacific Bank. “Presenta cuatro sellos oficiales” de otras tantas instituciones venezolanas “con sus respectivas firmas”, destacan los policías.
Entre las maniobras que el juez Pedraz accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.
Entre la documentación incorporada a la causa de la Audiencia Nacional figura un acta notarial del ciudadano venezolano Carlos Arias asegurando que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario.
El tercer documento que comentan los miembros de la brigada política tiene un código “72682-62742 Santa-María”. La persona que identifican con ese alias, explican, habría solicitado 220.000 euros (equivalente a los 272.000 dólares referidos) “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Esa persona es Pablo Iglesias, según explicó el confidente, quien aseguró que el servicio secreto cubano había elegido el segundo apellido de su madre para referirse a él en clave.
Los policías de la brigada política elevan a sus superiores: “El enlace Cristo-Rey mantiene información de todas las actividades de Santa María en Venezuela, año 2013, cuando estuvo en el país”. Cristo Rey, según les ha trasladado el confidente, sería el mandatario chavista Diosdado Cabello. También hay alusiones a un tal Águila 1, al que identifican como Hugo Chávez, y Halcón 1, que sería Nicolás Maduro.
El cuarto documento es un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolano de 2014 en el que, según la fuente informante, “se refleja como actividad sospechosa” el supuesto pago a Iglesias.
La remisión de la nota informativa al juez Pedraz es fruto de las diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acusación particular y que se enfrenta a las reticencias de la Policía a entregar cierta documentación porque sigue clasificada como “secreta”. La depuración de los criterios de búsqueda en las bases de datos policiales, como por ejemplo el nombre de Pablo Iglesias, ha permitido encontrar la nota remitida a la Audiencia Nacional.
La publicación del bulo en Okdiario se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díez había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE.
Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego reprodujo Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.
El confidente que motiva la nota de la brigada política, Carlos Alberto Arias, fue premiado con la residencia extraordinaria por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”, según información obrante en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos. Fue llamado a declarar por Pedraz como testigo, pero no fue localizado.
Pedraz investiga al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, y a varios miembros de la brigada política. En su auto de admisión a trámite el juez aceptó indagar si se habían cometido los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
MENUDOS ELEMENTOS: JORGE FERNANDEZ DIAZ Y EDUARDO INDA DE O.K,DIARIO
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