La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado el informe que reclama la reforma del delito de sedición y rebelión en España, así como el indulto o la excarcelación de los presos del procés, la paralización de las peticiones de extradición y que decaigan los juicios pendientes. El informe aprobado valora la persecución a políticos por el ejercicio de su cargo en España y en Turquía, aunque la mayoría de intervinientes han subrayado las diferencias entre ambos países y han calificado a España como una «democracia plena».
El órgano del Consejo de Europa ha adoptado esta decisión por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. La sesión ha sido muy dura para las delegaciones de Partido Popular y PSOE, que han visto rechazadas una tras otra sus enmiendas para rebajar el contenido del informe, especialmente aquellas que pedían eliminar la recomendación de retirar las euroórdenes o de paralizar las causas pendientes.
Entre los 12 representantes españoles de la Asamblea, han votado a favor del informe los enviados de ERC, PNV y Unidas Podemos, en concreto el diputado Antón Gómez-Reino. Han votado en contra las delegaciones de PSOE, PP y Vox, representado por Iván Espinosa de los Monteros.
El informe ha sido acogido con entusiasmo por representantes de la izquierda en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, pero también entre los socialistas -grupo al que pertenece el ponente del informe, el letón Boriss Cilevics- e incluso entre parlamentarios del partido de Emmanuel Macron.
También ha sido sonora la postura del socialista holandés Tiny Kox, que ha despachado las enmiendas de la delegación española que pedían eliminar del texto las peticiones de paralizar juicios pendientes o de retirar órdenes de extradición.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa incluso ha aprobado una enmienda para retirar del texto del informe una referencia a España como «uno de los Estados más antiguos de Europa», aunque ha tumbado otras pretensiones de ERC, como incluir el término amnistía.
Aunque el informe es una simple recomendación y no tiene efectos vinculantes, supone una importante victoria institucional del independentismo y un fracaso de la diplomacia española, incapaz de frenarlo o rebajar su contenido. El daño reputacional de aparecer junto a Turquía en un documento de este tipo también es muy alto y da alas a los partidarios de la independencia en Bruselas.
Intervenciones de los grupos españoles
En su turno de intervención, el socialista español Antonio Gutiérrez ha defendido que «los organismos españoles han cumplido la ley» y ha negado partes clave del informe, como que los políticos catalanes hayan sido condenados por sus manifestaciones. También ha recordado que la mayoría de los países tienen legislación para castigar a territorios que intentan independencias unilaterales.
Por su parte, la portavoz del PP María Valentina Martínez Ferro ha enfatizado que «no hay ningún político condenado en España por ejercer la libertad de expresión» y que «los políticos presos en España lo están por haber usado los recursos públicos para promover la independencia de un territorio movilizando esos recursos contra el Estado». Martínez Ferro ha descrito el informe como «completamente parcial», en la misma línea que su compañero de partido Pablo Hispán.
Por su parte, la representante de ERC Laura Castel ha celebrado el informe y ha reclamado que se incluya además una referencia a la «amnistía» como solución al conflicto en Cataluña.
En su turno de respuestas, el letón Cilevics ha respondido a los parlamentarios españoles que «no puedo aceptar el argumento de que han sido juzgados por actos y no por palabras» y ha ido más allá al afirmar que «ha quedado pristinamente claro que estos juicios son desproporcionados y van contra el Estado de Derecho».
A la parlamentaria de ERC, Cilevics le ha recordado que el referéndum del 1 de octubre «fue ilegal» y eso «hay que aceptarlo». «Iba en contra de la Constitución. El problema es que la sanción fue desproporcionado», ha añadido.
El documento del socialista Boriss Cilevics aborda si los políticos deberían ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos, para lo que parte del estudio y la comparación de Turquía y España. Países en los que, como han denunciado las asociaciones judiciales españolas Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) existen «regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías
democráticas que difieren de manera rotunda».
Con 100 puntos repartidos en 27 páginas, compra el relato independentista de principio a fin. Insta a España a que «indulte o libere» a los líderes del procés considerando que fueron juzgados por hacer declaraciones en apoyo del referéndum de independencia durante su mandato político y ve claro que en ningún caso utilizaron la violencia para sus fines. «Todas las personas, y en particular los políticos, tienen derecho a realizar propuestas cuya implementación requiera cambios constitucionales, siempre que los medios propugnados sean pacíficos y legales y los objetivos no sean contrarios a los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Esto incluye las llamadas a cambiar una constitución centralista por otra federal o confederal, o viceversa, o cambiar el estatus legal y los poderes de las entidades territoriales (locales y regionales) para otorgarles un alto grado de autonomía o incluso de independencia», se puede leer en los puntos 4 y 5 del informe.
«Indultar, excarcelar, no reclamar a Puigdemont»
Además de abogar por la excarcelación de los nueve políticos que todavía siguen en la cárcel condenados por sedición y malversación por el Tribunal Supremo –como ocurrirá este martes gracias al indulto del Gobierno de Pedro Sánchez– insta a que no se siga reclamando al expresidente fugado a Bélgica Carles Puigdemont para ser juzgado. «Las autoridades españolas también continúan persiguiendo la extradición de políticos catalanes residentes en otros países europeos a pesar de varios reveses en los tribunales de Alemania, Bélgica y Reino Unido», llega a trasladar Cilevics.
El diputado letón considera en el texto que «las autoridades españolas» han condicionado la concesión de los indultos a los presos del procés a que «expresen su pesar por sus actos». Y, en este sentido, se hace eco de las intenciones de los independentistas y traslada que «los condenados consideran que no se les puede obligar a repudiar sus profundas convicciones políticas» y también el derecho que tienen a recurrir las resoluciones judiciales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como efectivamente han hecho ya el líder de la asociación soberanista Òmnium Cultural Jordi Cuixart y los exconsejeros del Gobierno de Puigdemont Josep Rull y Jordi Turull.
El documento inicial de Cilevics insta también a reformar el Código Penal español para rebajar las penas previstas para los delitos de sedición y rebelión y «abandonar los enjuiciamientos restantes de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017».
Exteriores se aferra a que respeta «el orden constitucional»
El texto también respeta «el orden constitucional de España» y las libertades que hay en nuestro país. Precisamente a esa parte se aferró el Ministerio de Asuntos Exteriores español cuando publicó, el pasado 4 de junio, el respaldo del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria al documento de Cilevics.
«El relator del informe, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional. Además, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho», afirmó el Gobierno en la nota de Exteriores, dando más relevancia a esta parte del informe que a la que instaba a indultar a los políticos presos y dejar de reclamar a Puigdemont.
Las asociaciones judiciales, críticas
Las principales asociaciones judiciales APM, AJFV y AJI hicieron público un documento el pasado viernes contrario al informe de Cilevics en el que alertaron de las consecuencias negativas para la imagen internacional de la Justicia española si este se aprobaba.
Recordaron que, «según el índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo, España ocupa la posición número 21 de un listado de 126 países, con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho.
«Con estos datos -se leía en el comunicado de las asociaciones- poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la
persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías».
«En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto. Todo lo contrario, hasta el punto de que las asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, hemos acudido a la Comisión Europea para alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial», afirmaron.
LE VIENE A DECIR A LA JUSTICIA ESPAÑOLA QUE NECESITA UN AGGIORNAMENTO. ACTUALIZARSE. SALIR DEL FRANQUISMO RAMPANTE QUE LA INUNDA.
NOTA: LOS JUECES DE LOS TRIBUNALES DE ORDEN PUBLICO SE INTEGRARON EN LA AUDIENCIA NACIONAL. LA SEMILLA DEL FRANQUISMO ABONA LA JUSTICA ESPAÑOLA
